MAGNAGHI SOLER E. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA P/ INCONSTITUCIONALIDAD
El actor impugnó la aplicación del impuesto sobre los ingresos brutos y su relación con el impuesto a las ganancias, y objetó la supuesta vulneración del principio de igualdad y la confiscatoriedad de la forma de liquidación. La Cámara rechazó los planteos, sostuvo que no existió discriminación ilegítima, negó la doble imposición por tratarse de hechos gravados distintos y confirmó que la base imponible sobre ingresos efectivamente percibidos no resulta confiscatoria.
¿Quién es el actor?
Un abogado (el actor demandante) que cuestiona la forma de liquidación del impuesto y la constitucionalidad/efecto confiscatorio y discriminatorio de la normativa.
¿A quién se demanda?
La administración tributaria provincial (autoridad que aplica el impuesto sobre los ingresos brutos).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Que se declare vulnerada la garantía de igualdad ante la ley por la normativa fiscal, que exista doble imposición entre ingresos brutos y ganancias, y que la liquidación del impuesto sobre la base de los ingresos efectivamente percibidos sea confiscatoria respecto del ejercicio de profesiones liberales.
¿Qué se resolvió?
Se rechazaron los planteos del actor; se consideró que no hubo vulneración del principio de igualdad, que no existe doble imposición entre ambos impuestos y que la liquidación sobre la base del efectivo ingreso no es confiscatoria ni genera interés procesal suficiente conforme art. 41 del Código Procesal Civil.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La garantía constitucional de la igualdad ante la ley no puede considerarse vulnerada si la norma legal en cuestión no fija distinciones irrazonables o inspiradas en fines de ilegítima persecución o indebido privilegio de personas y ese principio no impide que se contemplen en forma distinta situaciones que se consideran diferentes, en tanto la discriminación no responde los enunciados que se mencionan supra."
"No existe doble imposición desde que el impuesto a las ganancias tiene un objeto distinto que el gravado por el tributo provincial a los ingresos brutos."
"El ejercicio de las profesiones liberales es una típica actividad civil desprovista de toda exigencia legal en cuanto a la forma de registrar el resultado económico de su práctica. Así, y sin que pueda existir duda alguna al respecto, el abogado demandante deberá liquidar el impuesto sobre la base de los ingresos efectivamente percibidos en el período fiscal de que se trate. No hay confiscatoriedad que invalide la norma de que se trata o, al menos, el accionante no tiene interés en la cuestión a los términos del art. 41 del Código Procesal Civil."
No se registra voto en disidencia relevante en el material aportado.
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