PUERTAS ANTONIO JOSE C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
El actor reclamó el pago de asignaciones familiares por prenatalidad en su carácter de agente público, invocando tratamiento equiparable al régimen de derecho privado. La Cámara rechazó el reclamo y confirmó que la normativa de empleo público exige la comunicación dentro de los plazos legales y que la omisión priva del beneficio conforme al criterio razonable del legislador.
¿Quién es el actor?
Un funcionario/ agente público (actor accionante) que reclamó asignaciones familiares por prenatalidad.
¿A quién se demanda?
El Estado / la administración pública (órgano pagador de las asignaciones).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Pago de asignaciones familiares por prenatalidad, pese a no haber cumplido con la comunicación dentro de los plazos previstos por la normativa aplicable.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el reclamo. Se consideró que la falta de denuncia o comunicación dentro de los plazos fijados por la ley impide exigir un trato igual al del agente que cumplió las obligaciones formales, por lo que no corresponde la extensión temporal del beneficio al actor.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Los propósitos del legislador en el caso de las asignaciones familiares para los agentes y funcionarios públicos, cuyas relaciones con el Estado no son del derecho del trabajo, se dirigen a no otorgarlas siguiendo fielmente la normativa del derecho privado, (ley 18017) y sus comp. y modif.); y se basa también en la jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación que tiene declarado que las disposiciones que adopta el Legislador para la organización de sus instituciones quedan libradas a su razonable criterio, de tal manera que las distinciones que se establezcan entre supuestos que se estimen distintos son valederas en tanto no sean arbitrarias."
"Si el funcionario accionante, una vez sobrevenido el hecho que de lugar al pago, omitió denunciarlo como debía al verificarse el tercer mes de embarazo de su cónyugue (art. 3 ley 3602 t.o. 1975), o dentro de los treinta días de la fecha en que debió presentar el certificado médico (art. 24 ley cit.), o sea durante el cuarto mes según la coincidente interpretación de la parte demandada, no puede exigir que la medida o extensión temporal de su beneficio reciba el mismo tratamiento que la ley ha reservado para el agente o funcionario observante de todas sus obligaciones y requisitos."
"La universalidad de los sujetos comprendidos en el ámbito de validez personal del sistema de asignaciones familiares, están sujetos a la genérica obligación de comunicar en los plazos fijados por la misma norma, cualquier circunstancia que sea susceptible de modificar la situación familiar, es decir, toda novedad que por sí misma constituya alguna de las contingencias o necesidades sociales cubiertas por las prestaciones a que tienen derecho, llegado el caso, sus potenciales beneficiarios."
(No constan votos en disidencia en el extracto aportado.)
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Normas que cita
- Ley 18017 (Provincia De Mendoza)
- Ley 3602 (Provincia De Mendoza)arts. 3, 24
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