BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL E.E.I.C. EN J: ARAYA CARLOS W. C/ BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL E.E.I.C. P/ ORDINARIO - CASACION
El recurrente cuestionó la naturaleza del vínculo laboral y la aplicación del Decreto-ley 177 respecto de trabajadores de empresas estatales. El tribunal sostuvo que los destinatarios del Decreto-ley 177 son los empleados públicos regidos por el derecho público y que las empresas estatales, en sus relaciones con terceros, aplican en lo general el derecho privado, por lo que la relación del personal ejecutivo se rige por derecho laboral mientras el personal directivo por el Estatuto de la Administración Pública.
¿Quién es el actor?
No surge del texto.
¿A quién se demanda?
No surge del texto.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Determinación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral y la aplicabilidad del Decreto-ley 177/—al régimen de empleados públicos versus personal sujeto al derecho privado en empresas estatales.
¿Qué se resolvió?
Se resolvió que los destinatarios del Decreto-ley 177 son los empleados públicos regidos por derecho público (art. 8 ley 3137) y que, por el contrario, los trabajadores de empresas estatales que actúan bajo derecho privado no son destinatarios del mismo; además, las empresas estatales se encuentran sometidas al derecho privado en sus relaciones con la administración o con terceros, por lo que el personal ejecutivo se rige por derecho laboral y el directivo por el Estatuto de la Administración Pública.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Los destinatarios del Dec. ley 177 son los empleados públicos, cuyas relaciones de trabajo están regladas por el derecho público (art. 8 ley 3137) y, por ende, para prescindir de los mismos habría sido menester sujetarse al procedimiento que prevé el Estatuto del Empleado Público, lo que se persigue evitar por razones obvias. En cambio no lo son los trabajadores comprendidos en el ámbito del derecho del trabajo que sólo gozan de estabilidad con sentido impropio, y por tanto, su permanencia en la empresa depende de la voluntad del empleador quien puede denunciar los contratos en cualquier tiempo, mediante el pago de las indemnizaciones correspondientes, en el supuesto de que no mediare justa causa."
"La doctrina más generalizada se expide en el sentido de que las empresas industriales o comerciales del Estado se encuentran sometidas al derecho privado en todo lo que atañe a sus relaciones con la administración o servicio que se hallare a su cargo, de donde se concluye que en principio las relaciones del personal ejecutivo se rigen por el derecho laboral, mientras que el directivo quede incluído en el Estatuto de la Administración Pública."
(No se consignan votos en disidencia en el extracto proporcionado.)
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