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Tribunal Superior

GARCIA ANTONIO FLORENCIO C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA

El recurrente impugna decisiones relativas a la potestad sancionatoria sobre empleados públicos y la autolimitación del Poder Judicial. El tribunal confirmó que el Poder Judicial, regido por el Reglamento del art. 171 inc. c) de la Constitución provincial, se autolimitó en sus facultades sancionatorias para evitar la discrecionalidad; y sostuvo que la potestad disciplinaria de la Administración pública descansa en la discrecionalidad estatutaria que impone sancionar donde exista falta.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
38857
Arbitrariedad Potestad disciplinaria Empleados publicos Sancion administrativa Administracion publica Discrecionalidad Facultades sancionatorias Autolimitacion Reglamento art. 171 inc. c) (constitucion provincial) Doctrina estatutaria

¿Quién es el actor?

No surge el nombre de la parte actora en el texto remitido.

¿A quién se demanda?

No surge el nombre del demandado en el texto remitido.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cuestiones relativas al ejercicio de facultades sancionatorias sobre empleados públicos, y la competencia/alcance de la potestad disciplinaria tanto del Poder Judicial como de la Administración pública.

¿Qué se resolvió?

Se reconoció que el Poder Judicial, al regirse por el Reglamento derivado del art. 171 inc. c) de la Constitución de la Provincia, se autolimitó en sus facultades sancionatorias a los casos allí previstos, evitando discrecionalidad arbitraria. Asimismo, se afirmó que la Administración pública tiene potestad disciplinaria fundada en la doctrina estatutaria, que se ejerce con discrecionalidad para sancionar cuando existe falta.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Cuando el Poder Judicial se vió regido por el Reglamento que emana de las facultades otorgadas por el art. 171 inc. c) de la Constitución de la Provincia, autolimitó sus facultades sancionatorias a los casos allí determinados evitando así la discrecionalidad, que peligrosamente puede llevar a la arbitrariedad, no queridas por el espíritu de la ley."

"El Estado, prestador de servicios públicos, tiene el deber y el derecho de exigir a los funcionarios a cargo de esos servicios el estricto cumplimiento de sus funciones y está facultado para sancionar a quienes cometen faltas. Aquí radica el fundamento de la potestad disciplinaria de la administración pública. Es la doctrina estatutaria, según la cual el ejercicio de los poderes disciplinarios reposa en la discrecionalidad del poder administrador. Donde hay una falta se aplica la sanción sin averiguar si el hecho está tipificado en la ley como punible."

(No se consignan votos en disidencia en el texto remitido.)

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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