ORNAT HUGO OSCAR C/ AURELIO ALFREDO AGUIRRE Y AIDA ELIDA AGUIRRE P/ QUERELLA CRIMINAL - CASACION
El actor promovió demanda por reparación del daño moral derivado de injurias. El tribunal sostuvo que la deshonra por injuria está acreditada y que no se requiere prueba adicional del agravio moral, autorizando al juez a fijar prudencialmente la indemnización por tratarse de un daño in re ipsa.
¿Quién es el actor?
La persona damnificada por expresiones injuriantes (actor que reclama reparación del daño moral).
¿A quién se demanda?
Quien profirió la injuria (autor de las palabras ofensivas).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por daño moral derivado del delito de injuria y reconocimiento del agravio moral.
¿Qué se resolvió?
El tribunal entiende acreditada la injuria y reconoce la procedencia de la indemnización por daño moral sin exigencia de prueba directa del importe; el juez puede y debe fijar el monto de la reparación en forma prudencial ante la falta o insuficiencia de prueba. Se incorpora voto ampliatorio de la Dra. Kemelmajer de Carlucci que explica la presunción in re ipsa del daño moral en delitos contra el honor.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La deshonra que produce la injuria consiste en ofender a una persona por medio de una referencia capaz de provocarle un dolor moral. Consecuentemente, cuando el Tribunal inferior encuentra acreditada la injuria e impone al autor de la misma la sanción penal que estima pertinente, no se requiere de ninguna otra prueba para la demostración del agravio moral.
El monto de la indemnización del daño moral en caso de injuria no tiene ni puede tener una extacta justipreciación en dinero atento a sus particulares características, por lo que no es imprescindible ninguna prueba directa a cargo del damnificado, demostrativa del "valor" o del "importe económico" del daño moral producido. Consecuentemente el Juez se encuentra autorizado expresamente para fijar el monto de ese daño, en forma prudencial ante la falta o insuficiencia de la prueba. En caso de que se haya ejercido la acción civil, aquella facultad se torna en un deber jurisdiccional.
El artículo 1.089 del Código Civil reitera lo expuesto en otras normas: sólo quien prueba el daño material tiene derecho a la reparación de este tipo de daños, pero el artículo no menciona expresamente al daño moral, ni para incluirlo ni para excluirlo. La carga de la prueba recae sobre quien alega el daño. Sin embargo, en casos excepcionales y, de manera especial en el ámbito extracontractual, es posible presumir su existencia; en esos supuestos se trata de una prueba "in re ipsa"; es decir que surge inmediatamente de los hechos mismos. Esto es lo que ocurre, en principio, en los delitos contra el honor, tratándose, naturalmente, de una presunción que admite prueba en contrario. En este caso los hechos hablan por sí mismos, pues está claro que el menosprecio mediante las palabras que implicó la conducta del demandado, ha provocado en el destinatario de ellas, una alteración de su espíritu, un menoscabo en el desenvolvimiento de sus sentimientos, perjudicándolo anímicamente. (Voto Dra. Kemelmajer de Carlucci - Voto Ampliatorio).
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