GIMENEZ JUAN CARLOS C/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN (MZA) P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA.
El actor impugnó su remoción del cargo público por pérdida de confianza y por haber sido separado mientras gozaba de licencia por enfermedad. La mayoría del tribunal confirmó la validez del acto de remoción al entender que el cargo estaba excluido del régimen de estabilidad (art. 2 Ley 3920) y que la administración, en cargos de confianza, puede disponer el cese cuando se pierde la confianza; votos en disidencia señalaron la exigencia de sumario y la protección por licencia por salud.
¿Quién es el actor?
Un empleado público separado de su cargo (funcionario de confianza).
¿A quién se demanda?
La Municipalidad / la Administración que ordenó la baja (Intendente municipal).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de la decisión administrativa de remoción del cargo por haberse dispuesto la baja mientras el actor se hallaba en uso de licencia por enfermedad y sin haberse observado el procedimiento disciplinario; se alega vulneración de estabilidad y de normas procedimentales.
¿Qué se resolvió?
Mayoría confirmó la remoción: el cargo del actor estaba excluido del régimen de estabilidad por encuadrar en el art. 2 de la Ley 3920; la designación y la baja son facultades discrecionales de la administración en cargos de confianza y la pérdida de confianza habilita la remoción. Se rechazó la alegación de nulidad por haberse decidido la baja durante licencia por enfermedad, pues el cargo no estaba amparado por el Decreto-ley 560.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original tal como aparece en la sentencia):
"Si el cargo que ostentaba el empleado no tiene estabilidad, por estar excluido del ámbito del estatuto del empleado público porque encuadra en las previsiones del artículo 2 de la ley 3920, es obvio: a) la designación y la baja de estos funcionarios encuadra en las facultades discrecionales de la administración; b) El cargo está excluido del régimen de estabilidad. c) No puede hablarse de desviación de poder tratándose de cargos de confianza, la administración puede disponer el cese cuando tal confianza se ha perdido, salvo que el agente goce de estabilidad por haber cumplido con los recaudos previstos en el art. 2 última parte; d) La circunstancia de haberse ordenado la baja del funcionario cuando se encontraba en uso de licencia por enfermedad, si bien puede resultar una conducta socialmente disvaliosa no puede invalidar el acto, pues, el actor ocupaba un cargo no amparado por el dec. ley 560; e) Los actos discrecionales de la Administración también requieren motivación, bastando en el caso de los funcionarios excluidos del régimen de estabilidad, señalar las razones de derecho, no existiendo obligación de explicar los hechos, pues esas motivaciones pueden incluso dañar al interesado."
¿Cómo votaron los jueces?
"El acto administrativo de remoción está en discordancia con la situación de hecho reglada por las normas, toda vez que la baja de estos funcionarios sin estabilidad no encuadra en las facultades discrecionales de administración Intendente de la Municipalidad, sino que se haya sujeta a las condiciones legalmente establecidas: el sumario previo y la causa de justificación. Esto es lo que torna al acto administrativo precitado en una decisión unilateral de voluntad viciada en su objeto, por estar prohibida por el orden normativo (art.31inc a ley 3.909) representado por el art 105 inc 7 prim. parte de la ley 1079. Por esta razón el vicio es grave (arts. 52 inc. a y b, ley 3.909), y la sanción consiguiente es la nulidad (art. 72 inc. b ley 3.909). Es decir que el actor fue separado del su cargo, dándosele la baja sin cumplir los recaudos establecidos precedentemente, lo que implica apartarse del régimen disciplinario."
Otro pasaje disidente sobre la licencia:
"Debidamente acreditado que el actor fue dado de baja, mientras se encontraba en uso de licencia por razones de salud, esto es, gozando de un derecho que acuerda el artículo °1 de la ley 4216, aún al personal no permanente. De allí que, la separación de su cargo en tal circunstancia configura mucho más que una conducta socialmente disvaliosa. Constituye la transgresión a una prohibición del orden jurídico normativo, toda vez que la ilegitimidad del objeto del acto administrativo de separación del cargo deriva del hecho de ser contrario a la moral (arts. 21 y 953 del C.Civil) y ley de Procedimiento Administrativo." (VOTO DISIDENCIA DR. MILA).
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