NAVARRO HÉCTOR ATILIO C/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTÍN (MZA) P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
El actor promovió acción por nulidad de la remoción y pedido de reinstalación alegando violación del derecho de estabilidad como empleado municipal. La mayoría del Tribunal rechazó la pretensión y sostuvo que los cargos comprendidos en el art. 2 de la ley 3920 están excluidos del régimen de estabilidad y que la remoción se ajusta a la discrecionalidad administrativa.
¿Quién es el actor?
Un empleado municipal removido (el recurrente que solicita la nulidad de su cese).
¿A quién se demanda?
El Municipio / el Intendente o Comisionado Municipal que dictó el Decreto n.º 49 de cesantía.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de la remoción/cesantía decretada por el órgano municipal (Decreto n.º 49) y reintegro por violación del régimen de estabilidad del empleado público.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso del actor (se confirma la remoción). La mayoría sostuvo que los cargos comprendidos en el art. 2 de la ley 3920 son excluidos del régimen de estabilidad del empleado público aun cuando presten servicios ante organismos municipales, por lo que la remoción se encuadra en la facultad discrecional administrativa.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Una interpretación integradora del ordenamiento debe llevar a la conclusión: las autoridades municipales no puede encontrarse en una situación dispar a la de cualquier otro funcionario del aparato burocrático; así para todos la normativa admite la libertad de elección de los cargos de confianza, no cabe admitir que se regule para la comuna municipal, cual una isla, en la que tales cargos gozan de estabilidad de la que carecen en otro ámbito de la Administración Central. Por eso, el art. 105 inc °7 de la ley de municipalidades, anterior en el tiempo a la ley 3920, debe ser interpretado con el resto del ordenamiento, y esta tarea integrativa, lleva a excluir del régimen de estabilidad a los cargos mencionados en el art. 2 de la ley 3920, aún cuando se presten servicios ante organismos municipales."
"Podemos afirmar que, si el cargo NO tiene estabilidad, si está excluido del ámbito del estatuto del empleado público porque encuadra en las previsiones del art. 2 de la ley 3920, es obvio: a) Que el objeto del Decreto n°49 no está en discordancia con la situación de hecho reglada por las normas, pues la designación y la baja de estos funcionarios encuadra en las facultades discrecionales de la administración; b) El acto por el cual se dan por concluidas las tareas no es violatoria del principio de cosa juzgada administrativa, pues, se trata de cargos excluidos del régimen de estabilidad del Empleado Público. c) Tampoco puede hablarse de desviación de poder; pues tratándose de cargos de confianza, la administración puede disponer el cese cuando tal confianza se ha perdido, salvo que el agente goce de estabilidad por haber cumplido con los recaudos previstos en el art. 2 última parte; d) El vicio denunciado de falta de razonabilidad tampoco puede tener acogida favorable, desde que sobre la base del derecho aplicable (art. 2 ley 3920), se ha dispuesto el cese de la relación del empleo público."
¿Cómo votaron los jueces?
"El intendente municipal carece de facultades discrecionales para dar de baja a funcionarios nombrados por razones de confianza política, si no se adecua lo dispuesto por la vigencia plena de la ley Orgánica de Municipalidades, n° 1079, que establece en su art. 105 inc. 7, primera parte, como atribución del Intendente Municipal, la de 'nombrar o remover a los empleados de sus dependencias PREVIO SUMARIO Y CAUSA JUSTIFICADA. Consecuentemente el cargo ocupado por el recurrente goza de estabilidad...' " (VOTO EN DISIDENCIA DR. MILA).
También en disidencia se expresó que la remoción habría incurrido en desviación de poder, falta de razonabilidad y violación del procedimiento sumarial exigido por la ley orgánica municipal (VOTO DISIDENCIA DR. MILA).
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