PINA OSCAR ARTURO Y OT. C/ DPTO. GRAL. DE IRRIGACIÓN P/ A.P.A.
Acción procesal administrativa con acumulación subjetiva de acciones y controversia sobre regulación de costas y honorarios. El tribunal ordenó que, al no existir solidaridad entre los actores, cada uno soporte las costas en función del rechazo de su pretensión y aplicó la ley arancelaria provincial (ley 3641 y modificatoria/Decreto-ley 1304/75) salvo las excepciones contempladas (art.10) para supuestos no valuables económicamente.
¿Quién es el actor?
No surge del texto.
¿A quién se demanda?
No surge del texto.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
No surge el detalle de la pretensión principal; el análisis gira en torno a una acción procesal administrativa con acumulación subjetiva de acciones y reclamos que incluirían, entre otros, haberes caídos y obligación de hacer.
¿Qué se resolvió?
Se resolvió que, por tratarse de mera acumulación subjetiva de acciones y no existir solidaridad legal entre los litigantes, cada actor debe afrontar las costas en la medida en que su pretensión fue rechazada, con regulaciones independientes. Además, se determinó el régimen aplicable para la regulación de honorarios: la ley provincial 3641 (y su modificatoria Decreto-ley 1304/75) rige mediante porcentajes fijos (art.2), con las excepciones previstas (art.10) para objetos no valuables; la reglera general no impide atender pautas del derecho sustantivo (art. 1069 y 1071 C.C.) en casos particulares.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En razón a que la sentencia no ha establecido solidaridad alguna entre los litigantes y que ella no surge de la ley, tratándose de una mera acumulación subjetiva de acciones, corresponde que cada uno de los actores cargue las costas en la medida en que cada pretensión fue rechazada, realizándose regulaciones independientes para determinar los montos que cada actor debe soportar."
"La ley provincial n° 3641 (y su modificatoria 1304) contiene una regla general, el art. 2 expresamente dispone regular los honorarios del abogado sobre las bases de un porcentaje fijo y determinado; es decir es la regla básica, pero comienza con la expresiva frase: salvo disposición específica. Entonces, hace excepción a esta regla el art. 10, entre otros, que contempla el proceso cuyo objeto 'no puede ser valuado por ningún procedimiento', en cuyo caso, la ley dispone atender a una serie de pautas (objetivas y subjetivas). Podemos inferir entonces, que estas reglas son plenamente aplicables al proceso contencioso administrativo, pues el art. 17 dispone que se regule conforme a la escala, lo que no excluye la aplicación del art. 10 cuando el objeto no puede ser valuado."
"No es obstáculo para la aplicación del art. 2 el hecho de que el rubro salarios caídos sea una suerte de 'accesorio' de una retensión principal no evaluable conómicamente y que depende del progreso de la primera, pues, la ley local no distingue, a los efectos de los montos regulatorios, que la acción se rechace o se acoja. Esta corte ha sostenido que 'la mera circunstancia de que parte del reclamo de la demanda estribe en una obligación de hacer a cargo del empleador (reintegro del trabajador despedido a su cargo) es insuficiente para dejar de aplicar en la determinación del monto del juicio los criterios instituidos por los art. 2 y 4 del Decreto ley 1304/75, en atención a que la determinación debe siempre efectuarse en relación a lo reclamado, conforme al titulo invocado y al efecto perseguido y en el caso ocurrente el pago de haberes caídos integra formalmente el objeto del proceso.'"
"La ley arancelaria local (Decreto ley 1304/75 modif de la ley prov. 3641), se presenta al juzgador con desusada inflexibilidad (si se la compara con otros ordenamientos, tal ves más justos), pues no sólo establece porcentajes 'fijos', sino que se atiene con exclusividad a ellos cuando el objeto del litigio puede ser valuado económicamente. Ello no obsta, que se pueda aplicar otras pautas que emergen de la legislación de fondo, como son el abuso del derecho (art. 1071 C.C) o la situación económica de las partes (art. 1069 C.C.)."
(Votos en disidencia: no surgen del extracto)
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