IMPAGLIAZZO HECTOR DANIEL C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
Se promovió planteo incidental sobre la suspensión preventiva en el ejercicio de la abogacía y la competencia para el control de la matrícula profesional. La Suprema Corte sostuvo que la suspensión preventiva es una medida cautelar y que la potestad reglamentaria sobre matrícula debe entenderse compartida entre el Colegio de Abogados y la Suprema Corte (voto minoritario).
¿Quién es el actor?
No surge la carátula completa en el texto remitido; corresponde a una actuación respecto del ejercicio profesional de abogados y control de matrícula.
¿A quién se demanda?
No surge del extracto; la cuestión se plantea frente a la actuación del Colegio de Abogados y/o la Suprema Corte en el control de la matrícula.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se discute la procedencia de la suspensión preventiva en el ejercicio de la profesión de abogado (si debe entenderse sanción o medida cautelar) y la distribución de la potestad de control de la matrícula entre el Colegio de Abogados y la Suprema Corte.
¿Qué se resolvió?
Se admitió la calificación de la suspensión preventiva como medida cautelar y se sostuvo que, tras la vigencia de la ley 4.976, la potestad de reglamentar/controlar la matrícula es compartida entre el Colegio de Abogados y la Suprema Corte, sin que las facultades colegiales puedan anular normas de jerarquía constitucional. Se consignó además que esa conclusión aparece en un voto minoritario.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La suspensión preventiva en el ejercicio de la profesion no debe entenderse como 'sanción', en el concepto que tiene el vocablo en derecho penal, sino que debe interpretarse como 'medida cautelar' generica establecidas con facultades expresas de la ley para preservar los intereses susperiores del orden colectivo que le han sido confiado a la Suprema Corte en su carácter de organo constitucional."
"La ley 4.976 reglamentaria del ejercicio de la abogacia y procuración, asigna el control de la matrícula en buena medida al Colegio de Abogados, pero las facultades que se desglosan de la ley orgánica de tribunales, para asignarlas a dicho cuerpo intermedio, no pueden dejar sin efecto normas de jerarquía constitucional. De modo que el ejercicio de la potestad reglamentaria del control de la matrícula debe entenderse, luego de la vigencia de dicha ley, compartido entre el Colegio de Abogados y la Suprema Corte de Justicia que conserva la facultad constitucional respectiva (art. 144 Constitución Provincial). (Voto Minoría)."
(Se transcriben aquí los párrafos relevantes tal como los consignó el tribunal en el extracto suministrado.)
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