DE LA ROSA DE MARTÍNEZ, MARTA NIDIA C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS P/ A.P.A.
La docente accionante impugnó sanción administrativa por divulgar públicamente una condena ética contra su supervisora. La Cámara sostuvo la atipicidad de la conducta y la imposibilidad de reconducirla a otras normas sancionatorias, por lo que declaró la nulidad de la sanción aplicada por no estar prevista en el ordenamiento.
¿Quién es el actor?
La docente/accionante (la profesora sancionada).
¿A quién se demanda?
Autoridad administrativa educativa (supervisión/órganos disciplinarios), Estado provincial (órgano que impuso la sanción).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de sanción disciplinaria administrativa por la publicación de una condena ética que la docente formulara contra su supervisora; se discute la tipicidad y legalidad de la sanción impuesta.
¿Qué se resolvió?
Mayoría: la conducta es atípica para la calificación reprochada y la jurisdicción revisora no puede reconducir el hecho a otras faltas sancionatorias; en consecuencia se considera que la sanción aplicada es nula por no estar prevista por el ordenamiento. Minoría: entendió que la publicidad de la condena ética constituye grave falta violatoria del principio de autoridad y debía sancionarse (voto en minoría). Voto ampliatorio (Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci): existiendo ilegalidad manifiesta en la aplicación de una sanción no prevista, el acto es nulo conforme a artículos 52.b y 50 de la Ley 3.909.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La publicidad de la condena ética que la docente realiza a la supervisora, constituye una grave falta que es lesiva del principio de autoridad, cuyo respeto corresponde a la accionante, quien, habría violado las disposiciones del inciso d) del artículo 5 del Decreto 85/59 reglamentario de la ley 2476 Estatuto del Docente, razón por la cual su comportamiento debe ser sancionado. (Voto de la Minoría).
El desconocimiento público de la autoridad requiere el ejercicio de un acto de esa naturaleza, por parte de la misma, que imponga el deber de ser acatada, y por ende no es la eticidad profesional lo que connota el pretendido desconocimiento de la autoridad. Luego del análisis atinente a la atipicidad de la conducta de la accionante, cualquier encuadramiento de ese comportamiento en normas sancionatorias distintas a las imputadas en sede administrativa, escapa necesariamente al examen propio de esta sede jurisdiccional, ello, por el mérito de lo establecido en el artículo 11 del Código Procesal Administrativo. (Voto de la Mayoría).
Existiendo ilegalidad manifiesta en la aplicación de una sanción no prevista por el ordenamiento, el acto atacado es nulo, pues está en discordancia con la situación de hecho reglada por el orden normativo (artículo 52 inciso "b" y 50 de la ley 3.909). (Voto ampliatorio Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci).
¿Cómo votaron los jueces?
El voto de la minoría sostuvo la existencia de falta grave por lesionar el principio de autoridad y fundamentó la procedencia de la sanción en el inciso d) del artículo 5 del Decreto 85/59 reglamentario de la ley 2476 (Estatuto del Docente). La decisión de la mayoría prevalece sobre la minoría.
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