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Tribunal Superior

CARCERERI HUGO C/ MUNICIPALIDAD DE MALARGUE P/ ACCIDENTE - INCONSTITUCIONALIDAD

El actor promovió recurso de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 79/78, cuestionando el inciso h) del artículo 3º. La Cámara confirmó la improcedencia del pedido de inconstitucionalidad por corresponder al poder de policía municipal regular locales bailables y por defectos de pedido sobre la retroactividad y alcance de la impugnación.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
37705
Danos y perjuicios Legitimacion pasiva Retroactividad Buena fe procesal Poder de policia municipal Recurso de inconstitucionalidad Constitucion provincial. Ordenanza 79/78 Adaptacion de locales Ley 4230

¿Quién es el actor?

Un particular/administrado (actor no identificado en el extracto).

¿A quién se demanda?

La Municipalidad (accionada) y/o la Dirección de Asuntos Municipales de la Provincia (por emisión de la ordenanza).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad de la Ordenanza 79/78, en particular del artículo 3°, inciso h) y, por su relación, se menciona el artículo 2 (adaptación de locales existentes).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad y se declaró improcedente la pretensión de anular la ordenanza; la Municipalidad está facultada por su poder de policía para dictar tales disposiciones. Se confirma la decisión que negó la inconstitucionalidad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El principio de la buena fe es un principio general del derecho que preside no sólo el ordenamiento sustancial, sino también el procesal. Este principio impone en la interpretación de los actos jurídicos, también los procesales, analizar el contexto general para desentrañar cual es la verdadera voluntad de las partes.(AMPLIATORIO DE LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI)."

"Cada Municipalidad ostenta para sí el poder de policía, por lo que mal puede invocarse desigualdad ante la ley por el hecho de que una comuna fije una distancia y otra una diferente (para la ubicación de locales bailables) en razón de sus especiales características. (Voto ampliatorio - Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci)."

"Ante la pretendida existencia de falta de legitimación sustancial pasiva, en base a la argumentación por parte de la demandada en el sentido de que la demanda resulta mal dirigida en contra de la Municipalidad, en razón de no haber sido el órgano emisor de la Ordenanza objeto de la impugnación planteada, corresponde rechazar dicha excepción, por cuanto la ordenanza recurrida fue emitida por la Dirección de Asuntos Municipales de la Provincia en ejercicio de las facultades que para ello le confería el artículo 2 de la ley 4230. (Voto Mayoría)."

"La declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 79/78 que se persigue, como pretensión única y excluyente de la demanda, no puede tener acogida favorable, por cuanto en función del Poder de Policía que asiste a la autoridad municipal, en el marco de la Constitución de la Provincia y la ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad accionada se encuentra debidamente facultada para el dictado de disposiciones referidas a la reglamentación de actividades que guardan relación con la seguridad, higiene y salubridad pública. (Voto de la Mayoría)."

"En tanto el litigante sólo ha perseguido la declaración de inconstitucionalidad del artículo 3°, inciso h) de la Ordenanza 79/78, aún asistiéndole sustancialmente derecho (en cuanto las ordenanzas no pueden tener efecto retroactivo), la acción debe ser rechazada, pues el accionante en su exordio y e su petitum no pidió expresamente la incostitucionalidad del artículo 2 de la referida Ordenanza (dispositivo que determina que los locales existentes deben adaptarse a las nuevas exigencias). (Voto ampliatorio Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci)."

"El acto legítimo de la modificación de la Ordenanza anterior, puede llegar a causar daños; en ese caso, si se dan los demás presupuestos para que se configure la responsabilidad del Estado por actos ilícitos, el administrado lesionado puede reclamar los daños y perjuicios correspondientes. El derecho del administrado queda así suficientemente garantido y el interés público no queda perjudicado. Se compatibilizan de este modo el derecho del Estado y los del individuo. (Voto ampliatorio -Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci)."

¿Cómo votaron los jueces?

El extracto no consigna un voto en disidencia mayoritario que modifique lo resuelto; los pasajes identificados como "voto ampliatorio" pertenecen a la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci y complementan la mayoría. Según la regla de mayoría, la solución expresada es la del bloque dispositivo.

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