PONTIS BERRUEZO RAFAEL CARLOS C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
El actor impugnó la validez de un acto administrativo y debatió la apertura de la jurisdicción contenciosa administrativa. El tribunal sostuvo que el acto administrativo es presupuesto de la acción judicial y que, en Mendoza, su privación de efectos sólo procede mediante la acción de lesividad, rechazando la posibilidad de revocación administrativa por vicios conocidos.
¿Quién es el actor?
No surge del texto proporcionado.
¿A quién se demanda?
No surge del texto proporcionado.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de un acto administrativo; discusión sobre la apertura de la jurisdicción contenciosa administrativa y sobre la posibilidad de revocación administrativa del acto.
¿Qué se resolvió?
El tribunal determinó que el proceso contencioso administrativo exige imputación de vicios del acto administrativo, que el acto administrativo constituye el presupuesto obligado de la acción judicial y que, en la provincia de Mendoza, un acto administrativo sólo puede ser privado de sus efectos mediante la acción de lesividad; descartó la revocación administrativa de actos regulares aun cuando el vicio hubiera sido conocido por el administrado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El proceso contencioso administrativo se caracteriza por la imputación de vicios del acto de esa naturaleza, razón por la cual la incontestación acerca de los mismos por la demandada, carece de virtualidad para enmarcar o delimitar el objeto de aquel, puesto que el acto administrativo es el presupuesto obligado de la acción judicial, dado que él determina el objeto de la litis."
"En la ley 19549 de procedimiento administrativo nacional es posible revocar de oficio en sede administrativa un acto administrativo regular, siempre que el administrado hubiera conocido el vicio. Esto no es viable en el orden administrativo de Mendoza, donde ni siquiera el error no esencial del agente o el dolo no determinante del administrado generan la facultad de revocación en sede administrativa. Ello es así porque el Estado siempre podrá acudir ante la Justicia solicitando la nulidad de sus propios actos emitidos con dolo, ya sea dolo de sus agentes, de los administrados, o de ambos a la vez."
"Más allá del acierto o error en la subsunción de los hechos en las normas, el acto de la administración sólo pudo ser privado de sus efectos mediante la acción de lesividad." (Voto ampliatorio - Dra. Kemelmajer de Carlucci).
Observación sobre votos: Se consignó voto ampliatorio de la Dra. Kemelmajer de Carlucci; no se dispone de otros votos ni del dispositivo final en el texto aportado, por lo que la exposición de fundamentos reproduce textualmente los párrafos citados.
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Leyes que cita
- Ley 19.549Normas
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