PEÑA DE PEREYRA ARISMENDA C/ DCCION. GRAL. ESC. Y PODER EJECUTIVO PCIA. S/ ACC. DE INCONST.
La actora promovió acción de inconstitucionalidad contra una disposición provincial por su supuesta violación de garantías constitucionales. El tribunal rechazó la acción por improcedente frente a actos administrativos de alcance singular y por extemporánea: correspondía la vía contencioso administrativa y el plazo de un mes del art. 223 C.P.C. había prescripto.
¿Quién es el actor?
La accionante (docente transferida a la docencia provincial; órgano actor no individualizado en el texto).
¿A quién se demanda?
Autoridad administrativa provincial que dictó la resolución administrativa impugnada.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Declaración de inconstitucionalidad de una resolución/acto administrativo provincial por violación de garantías constitucionales.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la acción de inconstitucionalidad por improcedente respecto de actos administrativos de alcance singular y por haber sido interpuesta fuera del plazo (prescripción/caducidad); correspondía la vía contencioso administrativa.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La acción de inconstitucionalidad, es una vía autónoma y no meramente incidental, reglada en el art. 223 C.P.C. Ésta acción no es idónea para que los administrados cuestionen la validez de resoluciones administrativas que deciden casos particulares - normas individuales o de alcance singular - , por el contrario, por vía de esta acción o demanda, se impugnan actos estatales normativos o de alcance general, en suma, la materia procesal constitucional - art. 144 inc. 3 Const. Provincial - que constituye el objeto de la acción está determinado por los conflictos generados por la aplicación de normas generales que en el caso particular infringen la supremacía constitucional."
"La acción de inconstitucional exige una violación directa de las garantías constitucionales, es decir, que tal contrariedad debe estar inmediata y causalmente vinculada al acto cuestionado, no siendo suficiente la simple relación que una cláusula constitucional puede tener con el acto impugnado. En autos, el acto de poder administrador no importa estatuir sobre materia constitucional, se trata de un acto administrativo que eventualmente podría vulnerar un derecho administrativo de carácter particular preexistente si sustancialmente asistiera razón a la accionante, es evidente que la vía formalmente procedente es la acción contencioso administrativa."
"El plazo para interponer acciones deducidas por los particulares corre desde la fecha en la cual la norma ocasiona lesión o afecta el interés legítimo del justiciado. Es evidente que mientras la accionante se desempeñaba como docente en el ámbito nacional no tenía interés jurídico en la declaración de inconstitucionalidad de la norma provincial; pero con su incorporación a la docencia provincial nació la carga de accionar contra disposición que en su entender violaba los derechos constitucionalmente amparados. El plazo de un mes previsto por el art. 223 C.P.C., ha transcurrido en exceso toda vez que la accionante fue transferida a la provincia en el año 1.978 y la acción se dedujo en diciembre de 1.984."
"El art. 20 de la ley 3.918 regula un plazo de caducidad para la interposición de la acción procesal administrativa, que no es la deducida en autos. Sin embargo, cabe señalar, que no existe contradicción entre el art. 20 de la ley 3.918 y los términos de prescripción de los actos nulos, ello así, por cuanto las normas provinciales que establecen términos para la iniciación de demandas contencioso administrativas son constitucionalmente válidas... En consecuencia, la litigante olvida que el legislador provincial ha distinguido entre los plazos de caducidad y de prescripción, y su posición supondría tener por no escrito el art. 20 ley 3.918..."
¿Cómo votaron los jueces?
No surge voto en disidencia en el texto remitido.
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