ALVAREZ OMAR R. C/ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
El administrado interpuso recurso de apelación contra un acto municipal rechazado por motivos formales. La Suprema Corte sostuvo el informalismo en favor del administrado y revocó el rechazo formal del recurso del Concejo Deliberante, por vulnerar principios procesales y la función de la denuncia de ilegitimidad.
¿Quién es el actor?
El administrado que presentó recurso de apelación ante el Concejo Deliberante.
¿A quién se demanda?
El órgano municipal (Concejo Deliberante) que rechazó formalmente el recurso.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Que se deje sin efecto el rechazo formal del recurso de apelación interpuesto, por haberse presentado dentro del plazo previsto por las leyes aplicables pero no conforme a un plazo interno de cinco días del reglamento (art. 149 ley 1079).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al planteo y se modificó la decisión que rechazó formalmente el recurso; se aplicó el principio del informalismo en favor del administrado y se consideró que el rechazo vulneró la viabilidad del recurso.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El informalismo en favor del administrado rige en la provincia aunque el ordenamiento mendocino no contenga norma expresa que lo conceptualice. Cualquier duda en el curso del procedimiento referida a exigencias formales, tiene que interpretarse a favor del administrado y de la viabilidad del recurso en su caso."
"El principio de preclusión está tremendamente debilitado en el procedimiento administrativo, desde que en cualquier momento se puede reabrir una etapa ya cumplida, o ampliarse la fundamentación del recurso."
"El procedimiento administrativo cumple una función de garantía, al progteger tanto el interés público como el particular frente a la ilegitimidad o inconveniencia del obrar de la Administración Pública. No hay en el mismo técnicamente igualdad procesal frente a la parte. En el proceso civil, el objeto de la garantía consiste en asegurar la igualdad entre las partes con el arreglo a las reglas del principio de defensa."
"El rechazo formal de un recurso de apelación ante el Concejo Deliberante presentado dentro del plazo previsto por los artículos 180 y 184 de la ley 3.909, pero fuera de los cinco días del artículo 149 de la ley 1079, viola el principio del informalismo en favor del administrado y contraría los fundamentos que sustentan la denuncia de ilegitimidad."
"La figura de la denuncia de ilegitimidad tiene como función, que el administrador puede dar muestras a los administrados de su intención de revisar actos que de alguna manera generan dudas sobre la conducta ética de los gobernantes."
(No constan votos en disidencia en el extracto proporcionado.)
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