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Tribunal Superior

SAYAVEDRA JOSE C/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA

El actor cuestionó la presunción legal que vincula al titular inscripto del automotor con la autoría de la infracción y discutió control constitucional de actos administrativos y responsabilidades por aplicar normas inconstitucionales. El tribunal sostuvo que no es arbitrario presumir que el titular inscripto es el autor, que el control de legalidad admite control de constitucionalidad y que existe acción por daños y perjuicios contra el funcionario que aplique normas inconstitucionales; además sostuvo que las leyes provinciales crearon facultades concurrentes municipales y no derogaron la norma de la ley orgánica.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
47371

¿Quién es el actor?

DESCONOCIDO

¿A quién se demanda?

DESCONOCIDO

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cuestiones vinculadas con la presunción de autoría del titular inscripto de un automotor en infracciones de tránsito; control de constitucionalidad en el proceso administrativo; responsabilidad por daños y perjuicios del funcionario que aplique norma inconstitucional; competencia municipal sobre calles del radio urbano vs. normas provinciales.

¿Qué se resolvió?

DESCONOCIDO en términos procesales precisos; en los fundamentos el tribunal sostuvo: (i) que la ley puede presumir razonablemente que el titular inscripto es autor de la infracción; (ii) que el control de legalidad en el contencioso administrativo incluye el control de constitucionalidad; (iii) que las constituciones provinciales (ej. art. 48 de Mendoza) autorizan acción de daños y perjuicios contra funcionario que haya aplicado norma contraria a la constitución y que ello habilita al funcionario no judicial a inaplicar la norma inconstitucional asumiendo responsabilidad; (iv) que las leyes 1399 (Dirección Provincial de Vialidad) y 4305 (Tránsito y Transporte) no derogaron la facultad municipal del art. 79 inc. 7º de la ley Orgánica de Municipalidades respecto de calles del radio urbano que no configuran caminos, sino que crearon facultades concurrentes.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

(transcripción de los párrafos relevantes tal como constan en la sentencia)

El propietario de un automotor (su titular inscripto, art. 2º Dec. ley 6582/58), es también su poseedor legítimo (art. 2355); el poseedor es quien ejerce sobre la cosa un poder de hecho, que generalmente se identifica con la guarda. NO es entonces de ningún modo arbitrario que la ley presuma que el titular inscripto es el autor de la infracción.

Cuando el acto administrativo se funda en una norma general que se califica de inconstitucional, esta tacha puede deducirse dentro del mismo proceso contencioso administrativo. Dicho en otros términos, el control de la legalidad no excluye el de constitucionalidad.

Esta distinción está implícita en algunas constituciones provinciales, entre ellas la mendocina; el art. 48 (al igual que el art. 17 de Santa Cruz) otorga acción por daños y perjuicios contra el empleado o funcionario que haya autorizado o ejecutado actos fundados en ley, decreto, ordenanza o disposición contrarios a las prescripciones de la constitución. Si ello es así, estas disposiciones autorizan al funcionario no judicial a inaplicar la norma inconstitucional, pues si lo hace, debe afrontar los daños y perjuicios.

Decir que la ley 1399 de la Dirección Provincial de Vialidad y la ley 4305 de Tránsito y Transporte han derogado la facultad prevista en el art. 79 inc. 7º de la ley Orgánica de Municipalidades sobre las calles del radio urbano que no configuran caminos, no sólo contraría la letra de ambas leyes, sino todos los principios básicos que hacen al poder de policía y a la policía municipal. Es así que la norma no ha quedado derogada sino que se han creado facultades concurrentes.

(No se consignan votos en disidencia en el fragmento aportado).

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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