PETRA ALBERTO LUIS C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
Se planteó la inconstitucionalidad de los arts. 20 de la ley 3.918 y 158 de la ley 3.909 y la impugnación de la desestimación administrativa de una denuncia de ilegitimidad. El tribunal rechazó la declaración de inconstitucionalidad y confirmó la validez y aplicabilidad de las normas provinciales, reconociendo además la figura de la denuncia de ilegitimidad y la obligación de la administración de motivar su rechazo.
¿Quién es el actor?
No surge identidad de la parte actora en el extracto disponible.
¿A quién se demanda?
Administración pública provincial (órgano administrativo competente).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 20 de la ley 3.918 y 158 de la ley 3.909; además impugnación por la vía judicial de la desestimación/omisión administrativa respecto de una denuncia de ilegitimidad.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la inconstitucionalidad pretendida respecto de ambas normas; se admitió que la denuncia de ilegitimidad tiene reconocimiento constitucional y legal en el orden procesal mendocino; se estableció que la administración debe fundar su rechazo y que la omisión o ausencia de fundamentos en la desestimación es revisable judicialmente; la denuncia de ilegitimidad puede permitir salvar recursos fuera de término, con límites (seguridad jurídica y presunción de abandono voluntario).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Los arts. 20 de la ley 3.918 y 158 de la ley 3.909 no son inconstitucionales. Ello asi en cuanto se limitan a la reglamentación del ejercicio de las acciones en el orden local y siempre y cuando se restrinjan derechos acordados por las leyes de la Nación."
"La denuncia de ilegitimidad no tiene recepción legislativa expresa en el orden procesal mendocino, pero encuentra apoyatura constitucional y apoyatura legal. Constituye un remedio especial y específico sin perder el carácter genérico de denuncia."
"El reclamo de la denuncia de ilegitimidad exige una respuesta fundada por parte de la administración pública. No implica la obligación de tramitarse en el aspecto sustancial, pero el rechazo formal debe estar merituado en punto a las causales de impedimento de su tratamiento."
"Cuando la administración omite una respuesta en la desestimación de la denuncia de ilegitimidad, tal decisión puede ser revisada en instancia judicial por falta de fundamentos, constatándose la existencia de manifiesta irrazonabilidad y sin que ello importe admitir un margen de discrecionalidad en la aceptación de criterios de seguridad jurídica y presunción de abandono voluntario del derecho."
"La denuncia por ilegitimidad es un modo de saneamiento jurídico que puede permitir salvar los recursos presentados fuera de término, reconociendo como límites a su tramitación: a) motivos de seguridad jurídica; b) estar excedidas razonables pautas temporales que hagan presumir un abandono voluntario del derecho."
(No surge del extracto voto en disidencia relevante. El bloque dispositivo que reafirma la no inconstitucionalidad y la obligación de motivar del órgano administrativo constituye la decisión de la mayoría.)
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Normas que cita
- Ley 3.918 (Mendoza)art. 20
- Ley 3.909 (Mendoza)art. 158
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