FISCAL C/ PIERRO RUBEN P/ PROMOCION DE LA CORRUPCION DE MENORES AGRAVADA - CASACION
El recurrido fue condenado penalmente con base en pruebas obtenidas en un domicilio sin orden judicial y con lectura de correspondencia por policía. La Cámara anuló la sentencia por haberse fundado en pruebas procesal y constitucionalmente ilegítimas, por vulneración de la inviolabilidad del domicilio y del debido proceso.
¿Quién es el actor?
Ministerio Público / Fiscalía (parte acusadora que impulsó la causa penal).
¿A quién se demanda?
Imputado/Condenado (morador del domicilio allanado/registrado).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Revisión de la condena basada en pruebas obtenidas sin orden judicial (allanamiento consentido por morador sin plena validez; secuestro y lectura de correspondencia por la policía).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de apelación/impugnación y se anuló la sentencia condenatoria por sustentarse en pruebas obtenidas de modo ilegal; se declaró la ilegitimidad procesal y constitucional de esas pruebas y se ordenó dejar sin efecto la prueba con fundamento en arts. 436 inc. 3 C.P.P. y 48 Const. Mza.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Conforme a nuestra Constitución y Código Procesal Penal, no hay ninguna previsión que pueda suplantar la orden judicial de allanamiento; no puede haber autorización válida a la policía para que busquen elementos incriminantes contra el morador que da la autorización, pues ello atentaría contra los derechos individuales y el debido proceso legal (voto mayoría)."
"Todo delito debe ser perseguido y la sociedad tiene derecho a protegerse contra él, pero el procedimiento elegido debe conformarse a la ley para resguardar los principios constitucionales, porque el loable afán de hacer justicia no puede obtenerse violándola. Corresponde anular la sentencia que se funda esencialmente en pruebas procesal y constitucionalmente ilegítimas, pues no se halla debidamente fundada (arts. 436 inc. 3 C.P.P. Y 48 Const. Mza.) (voto mayoría)."
"El consentimiento del morador para hacer que la garantía de inviolabilidad del domicilio pierda operatividad, cuando no existe orden judicial de allanamiento, debe ser expresado sin vicios, en plenitud decisoria y con pleno conocimiento de sus derechos legales (voto mayoría)."
"El secuestro de la correspondencia epistolar, por importar una medida coercitiva de adquisición de prueba relacionada con el hecho que se investiga, está rodeado de requisitos y formalidades y únicamente puede ser ordenado por el juez, excepcionalmente, por delegación de éste podrá hacerlo la policía en casos urgentes. En cuanto a las cartas privadas, sólo el juez que entiende en la causa puede leer su contenido; en ningún supuesto pueden ser leídas por funcionarios policiales (voto mayoría)."
(No se consignan votos en disidencia en el extracto proporcionado.)
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Normas que cita
- Constitución (Mendoza)art. 48
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