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Tribunal Superior

MORALES DIEGO ALEJANDRO C/ MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA

El empleado público promovió acción administrativa cuestionando una cesantía y la validez de ascensos, invocando vulneración de la estabilidad y del derecho a la carrera. La Cámara sostuvo la extemporaneidad de planteos formales hechos fuera de tiempo, declaró que la admisión formal y la falta de excepciones previas producen autoridad de cosa juzgada, y limitó la protección de la estabilidad frente a ascensos intempestivos o motivaciones políticas.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
46437
Cosa juzgada Extemporaneidad Excepcion de incompetencia Estabilidad laboral Ascensos Agotamiento de la via administrativa Accion administrativa Derecho a la carrera Motivacion politica Responsabilidad civil del funcionario

¿Quién es el actor?

Empleado público cesanteado / recurrente (empleado estatal).

¿A quién se demanda?

Administración Pública y, en lo pertinente, el funcionario responsable (persona pública/ente público y eventualmente el funcionario en su carácter personal).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la cesantía / protección de la estabilidad y derecho a la carrera; impugnación de promociones/ascensos y pedido de reparación o restitución administrativa y eventualmente civil.

¿Qué se resolvió?

Se establecieron reglas procesales y de fondo: los planteos formales hechos al contestar el traslado de la demanda son extemporáneos; la falta de interposición en tiempo y forma de excepciones previas radica definitivamente la competencia del tribunal; la admisión formal del proceso y la omisión de excepciones previas producen autoridad de cosa juzgada sobre la admisibilidad formal; la protección del derecho a la carrera exige respetar la gradualidad y legalidad de ascensos previstos en el Estatuto; si la cesantía no se funda en un plan de racionalización y aparece motivación política, se afecta la garantía constitucional de estabilidad; y la acción civil contra el funcionario por violación de estabilidad debe dirigirse contra éste en su esfera personal para respetar sus garantías.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Todo planteo formal en el momento de contestar el traslado de la demanda y no en el momento de las excepciones previas, resulta y deviene por ello en extemporáneo, por aplicación del art. 47 de la ley 3.918."

"La falta de agotamiento de la vía administrativa se canaliza a través de la excepción de incompetencia. Si la Administración Pública plantea la cuestión al contestar la demanda, pero no lo hace como excepción de previo y especial pronunciamiento, pasada esa oportunidad, la competencia del Tribunal queda radicada en forma definitiva."

"La admisión formal del proceso administrativo y la no interposición en modo y forma de las excepciones previas, hacen que la admisibilidad formal tenga autoridad de cosa juzgada y no pueda ser revista en la oportunidad de la sentencia definitiva."

"La gradualidad de los ascensos y la legalidad en la promociones según el Estatuto, es el elemento a tener en cuenta para proteger el derecho a la carrera. Cualquier ascenso intempestivo, la interrupción abrupta de las promociones, no puede estar protegida por la estabilidad y el agente sólo tendrá derecho a la estabilidad en el cargo inicial o el que hubiera correspondido de aplicar estrictamente el Estatuto o escalafón."

"Respecto a la estabilidad del empleado cesanteado, si de la prueba acompañada no surge la existencia de un plan de racionalización ni de reestructuración de organismos, y además aparece claramente configurada una motivación política, se afecta la garantía constitucional del art. 30 de ley Fundamental mendocina."

"Para reclamar civilmente al funcionario que violó la grantía de la estabilidad, éste debe ser demandado como si fuera un tercero, distinto de la persona pública que administra, para que ejerza sus derechos propios y no los del ente público, y para que advierta la responsabilidad civil que se le atribuya. Lo contrario afectaría sus garantías constitucionales de debido proceso y legítima defensa en juicio."

(No se registran votos en disidencia en el extracto aportado.)

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