AGÜERO MORENO PEDRO Y OTROS C/ GOBIERNO PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
Se discute la naturaleza y alcance de la relación jurídica entre el Estado y el empleado público, y las categorías de funcionarios (de iure, de facto, de hecho). El tribunal sostuvo que la relación está regida por normas de derecho administrativo; el funcionario de iure deriva de un acto de designación que genera plena relación jurídica, mientras que el funcionario de facto o de hecho carece de investidura regular y queda al margen del régimen estatutario.
¿Quién es el actor?
DESCONOCIDO
¿A quién se demanda?
DESCONOCIDO
¿Cuál es el objeto del reclamo?
DESCONOCIDO; la sentencia aborda la caracterización jurídica de la relación entre el Estado y quien ejerce funciones públicas y las consecuencias de las distintas categorías de funcionarios.
¿Qué se resolvió?
El tribunal determinó que la relación entre el Estado y el agente público se rige por normas de derecho administrativo; que el funcionario de iure surge de una designación/nombramiento que otorga una relación jurídica completa con derechos y obligaciones estatutarias; que el funcionario de facto resulta de una investidura irregular y carece de la relación estatutaria plena; y que el denominado funcionario de hecho se desempeña al margen del Estatuto del Empleado Público, sus derechos y obligaciones fundándose en doctrina y jurisprudencia.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Funcionario público es toda persona que realice o contribuye a que se lleven a cabo funciones esenciales y específicas del Estado, es decir, fines públicos propios del mismo; siendo la relación entre el Estado y el agente público regida por normas de derecho administrativo."
"El funcionario de iure supone que el Estado ejercerá un acto de designación o nombramiento, que le permitirá al agente gozar de una relación jurídica perfecta, con pleno goce de los derechos y de las obligaciones establecidas en las disposiciones reglamentarias (Estatuto y Escalafón del Empleado Público). Por lo que por dicho nombramiento nos encontramos ante una relación jurídica completa."
"El funcionario de iure exige una designación regular, en cuyo caso podrá estar viciado el nombramiento y el mismo será nulo, pero el funcionario mantendrá la calidad de 'de iure'. En cambio, el funcionario de facto supone una investidura irregular, como la figura del usurpador que es el que de mala fe y sin investidura aparente del cargo, se lo arroga por sí mismo."
"El funcionario de hecho no está comprendido en el Estatuto del Empleado Público, su actividad no se base en el nombramiento del Estado o de alguna autoridad competente, surgiendo sus derechos, obligaciones y responsabilidades de elaboraciones doctrinarias y jurisprudenciales. En consecuencia el funcionario de facto se desenvuelve al margen del orden regular, por lo que, no se concibe que la legislación (formal o material) regule orgánicamente una figura o situación excluído del régimen ordinario de la función pública."
(No constan votos en disidencia en el texto aportado.)
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