GRAFFIGNA LUIS ALBERTO EN J: GRAFFIGNA LUIS A. C/ BGAS. Y VDOS. GIOL E.E.I.C. P/ ORDINARIO - INCONSTITUCIONALIDAD
Los acreedores promovieron ejecución de sentencia para cobrar créditos reconocidos frente al Estado provincial afectado por la ley 5812 de emergencia económica. El tribunal evaluó la validez y alcance de la ley 5812: un voto consideró que la ley es una medida razonable de emergencia que sólo postergaría derechos; otro voto sostuvo que la ley no puede desconocer la cosa juzgada; y un voto concluyó por la inconstitucionalidad por arbitrariedad y demora excesiva en los pagos.
¿Quién es el actor?
Acreedores titulares de créditos reconocidos por sentencia firme (actores particulares cuyos créditos se ejecutan).
¿A quién se demanda?
Estado provincial (por la aplicación de la ley provincial 5812 de emergencia económica).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución de sentencia y cumplimiento de obligaciones judicialmente reconocidas frente a la postergación o modificación del pago dispuesta por la ley 5812.
¿Qué se resolvió?
El fallo contiene votos contrapuestos sobre la validez y efectos de la ley 5812 en la ejecución de sentencia: se discute si la ley puede postergar el cumplimiento de sentencias firmes por razones de emergencia; parte del tribunal la considera válida y razonable en su función de emergencia (postergación del derecho), otra parte sostiene que no puede alterar la cosa juzgada ni autorizar incumplimiento, y un voto la declara inconstitucional por vulnerar garantías y causar demoras irrazonables (10 a 16 años). El acuerdo mayoritario y dispositivo no se incluye en el texto aportado, por lo que el resultado concreto del recurso no puede precisarse aquí.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Quien ataca e impugna la emergencia económica provincial, debe acreditarlo por medios idóneos, ya que el instrumento legal (ley 5812) goza de presunción de legitimidad; y quien afirma lo contrario, necesariamente debe suministrarle al juez elementos de convicción que destruyan la aseveración legal que invoca la situación de excepcionalidad" (voto Dr. Nanclares).
"La ley 5812 no puede válidamente alterar el efecto de cosa juzgada de la sentencia, introduciendo una novación forzada y autorizando al Estado provincial a no cumplir las sentencias judiciales. Ello crea un clima de inseguridad jurídica que va minando la confianza en la cosa pública, resulta repugnante al principio de división de poderes y anula el imperium, atributo esencial del Poder Judicial." (voto Dr. Nanclares).
"El estado de emergencia supone: a) situación de excepcionalidad; b) debe ser declarada por ley; c) las restricciones deben ser transitorias, nunca permanentes; d) los medios adecuados a la finalidad propuesta (razonabilidad); e) las garantías no quedan suspendidas en su totalidad, sino sólo en cuanto a su ejercicio sea incompattible con el poder de policía; f) las restricciones deben ser generales. En consecuencia, para poder apreciar el cumplimiento de tales condiciones en el caso concreto caben dos posibilidades: a- que se cuestione la declaración misma del estado de emergencia; b- irrazonabilidad de la medida" (voto Dr. Nanclares).
"La situación de emergencia que autorizó el dictado de la ley 5812 configura un hecho público y notorio. El medio elegido por dicha ley no luce como irrazonable y arbitrario, por lo que se compadece con el art. 28 C.N. En consecuencia el conflicto se presenta entre el particular cuyo crédito le fue reconocido por sentencia firme y el medio elegido por el Estado -ley 5812- para encontrar la solución de la situación de emergencia. Frente a esta controversia, el interés individual debe ceder ante el interés del conjunto de la sociedad en ese sentido y con el alcance de posponer el ejercicio inmediato de su derecho; el que no le ha sido desconocido sino tan solo postergado" (voto Dr. Aguilar).
"La ley 5812 establece diferencias entre los propios acreedores de deudas consolidadas, además de basar la consolidación exclusivamente en deudas con controversias, lo cual carece de justificación, pospone el pago por períodos más allá de lo razonable, porque hablar de una espera de 10 a 16 años no es de ninguna manera un tiempo prudencial. En consecuencia, vulnera elementales garantías constitucionales, su sanción y aplicación denota falta de racionalidad y menoscaba los derechos sociales y humanos por lo cual debe predicarse su inconstitucionalidad" (voto Dr. Salvini).
¿Cómo votaron los jueces?
el Dr. Salvini propone la inconstitucionalidad por falta de racionalidad y lesividad de garantías fundamentales; los demás votos (Nanclares y Aguilar) sostienen, con matices, la necesidad de acreditar la existencia de emergencia o la razonabilidad del medio, y advierten contra la posibilidad de autorizar la invalidez de la cosa juzgada.
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