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Tribunal Superior

BARBIERA RICARDO C/ MUNICIPALIDAD DE CAPITAL P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA

El empleado impugnó la cesantía dispuesta en expediente disciplinario por intento de comercialización privada de residuos domiciliarios. El tribunal sostuvo que la sanción encuentra sustento legal previo y que la valoración probatoria no resulta arbitraria, aunque el intendente debe respetar garantías mínimas de juridicidad en el procedimiento disciplinario.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
47529
Arbitrariedad Valoracion de la prueba Sumario administrativo Facultades disciplinarias Cesantia Motivacion del acto administrativo Empleado publico Garantias del debido proceso Nulla poena sine lege Intendente

¿Quién es el actor?

DESCONOCIDO (empleado público sancionado).

¿A quién se demanda?

DESCONOCIDO (Municipalidad / Intendente).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación de la sanción disciplinaria de cesantía por intento de comercialización de residuos domiciliarios y cuestionamiento de la valoración probatoria y de la competencia del intendente en el procedimiento disciplinario.

¿Qué se resolvió?

El tribunal consideró que la falta imputada tiene sustento legal previo (no vulnera el principio nulla poena sine lege), que la valoración probatoria no fue arbitraria en términos absolutos y que, si bien el intendente no tiene funciones jurisdiccionales sino disciplinarias, en el procedimiento deben respetarse las garantías mínimas del derecho de defensa. (Resultado concreto de la apelación y medida definitiva no consignados en el texto proporcionado.)

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Una valoración arbitraria de las pruebas incorporadas al sumario administrativo, importa una evaluación absurda, ilógica, contraria al sentido común, y supone una voluntad huérfana de todo apoyo objetivo de medio probatorio."

"El intendente municipal no tiene facultades jurisdiccionales sino disciplinarias, las que son propias de la relación autoridad-empleo, no obstante su ejercicio no importa consagrar la discrecionalidad absoluta ni la arbitrariedad. Por lo que en el procedimiento disciplinario deben respetarse las garantías mínimas de juridicidad, permitiéndose el ejercicio del derecho de defensa."

"El reproche disciplinario imputado al empleado público para disponer su cesantía, referido al intento de comercialización privada y para sí de los residuos domiciliarios, no viola la garantía 'nullum crimen nulla pena sine previa lege penale', porque la falta encuentra sustento legal previo."

"Para descalificar un acto administrativo que impone sanción disciplinaria, debe detectarse un error total de encuadramiento, porque aquella queda sin apoyatura legal, es decir falta de fundamentación, siendo válida si cuenta con sustentos mínimos aun cuando se detecten ciertos errores."

(No se consignan votos en disidencia en el extracto suministrado.)

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