FEDERACION DE COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Y OTS. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Se promovió acción de inconstitucionalidad contra el artículo 36 inciso 8 de la ley provincial 5810 (ley impositiva 1992) que grava el ejercicio de la abogacía con el impuesto sobre los ingresos brutos. La Suprema Corte de Mendoza rechazó la pretensión y sostuvo que la provincia es competente para gravar la actividad profesional, que no existe doble imposición con el impuesto a las ganancias y que la inclusión de las profesiones liberales en el impuesto no resulta arbitraria ni inconstitucional.
¿Quién es el actor?
Accionante que promovió acción de inconstitucionalidad (no identificado en el texto suministrado).
¿A quién se demanda?
Provincia de Mendoza / norma cuestionada: art. 36 inc. 8 de la ley 5810 (Ley Impositiva para 1992).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se solicita declarar inconstitucional la norma provincial que grava el ejercicio de la abogacía con el impuesto sobre los ingresos brutos por violación de igualdad, razonabilidad y existencia de doble imposición con el impuesto a las ganancias.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la acción de inconstitucionalidad: el artículo 36 inc. 8 de la ley 5810 no es inconstitucional; la provincia puede gravar la actividad de la abogacía con Ingresos Brutos; no existe doble imposición con Ganancias; la inclusión de profesionales liberales no vulnera los principios de igualdad ni de razonabilidad.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La provincia es competente para legislar sobre ingresos brutos, para incluir a los abogados como sujetos pasivos del mismo. No hay doble imposición con el de ganancias, desde que son tributos diferentes y no análogos, aunque ambos puedan recaer en una misma persona, su objeto y sus características son esencialmente diferentes y la falta de traslación del impuesto sólo se produce parcialmente, en el caso de percepción de los honorarios regulados judicialmente y percibidos de la contraria o los que ejecute de su cliente remiso."
"No es inconstitucional el art. 36 inc. 8 de la ley 5810 (ley Impositiva para el año 1992), que grava el ejercicio de la profesión de abogacía con el Impuesto a los Ingresos Brutos."
"El impuesto a los ingresos brutos (viejo impuesto a las actividades lucrativas) es un tributo local, indirecto y real, que exige habitualidad y onerosidad en la actividad gravada, debiendo atenderse a la naturaleza específica de la actividad desarrollada para determinar la existencia o no del hecho imponible."
"No lesiona el principio de igualdad la norma que grava la actividad profesional desarrollada independientemente, excluyendo del ámbito del impuesto a los ingresos brutos a la misma actividad desarrollada en forma dependiente o en ejercicio de cargos o funciones públicas pues no se vulnera la igualdad entre iguales."
"No vulnera el principio de razonabilidad, directamente relacionado con la generalidad del gravamen, la exigencia de tributación del impuesto a los ingresos brutos que abarca el ejercicio de las profesionales liberales."
"La decisión de incluir o no a las profesiones liberales y/o independientes como sujetos de tributación del impuesto a los ingresos brutos, es una cuestión política que no pueden juzgar los Jueces salvo situaciones de irrazonabilidad o arbitrariedad."
"No existe doble imposición entre el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto a las ganancias porque ambos tienen objetos distintos, ya que el primero grava la actividad ejercida con propósito de lucro (se obtenga o nó), mientras que el segundo grava exclusivamente la obtención de rédito o ganancia."
"Existe doble imposición cuando las mismas personas o bienes son gravados dos o más veces por conceptos análogos, en el mismo período de tiempo, por dos o más sujetos con poderes tributarios diferentes."
(No se consignan votos de disidencia en el resumen suministrado.)
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