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Tribunal Superior

REFRACTARIOS DINA S.A.I.C. C/ MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA

El actor impugnó la validez y efectos de un acto administrativo municipal que imponía una obligación de acatamiento. La Suprema Corte sostuvo que el incumplimiento de una disposición ilegítima no puede generar sanción asimilable y que la determinación de limitaciones al dominio corresponde al Municipio y a los poderes políticos provinciales.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
41517
Competencia Dominio Garantias constitucionales Municipio Acto administrativo Sancion Control judicial Ilegitimidad Limitaciones administrativas Planeamiento urbano

¿Quién es el actor?

No surge identificado en el texto aportado.

¿A quién se demanda?

No surge identificado en el texto aportado; se alude a una actuación municipal y a poderes provinciales.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación por el incumplimiento de una disposición administrativa municipal y cuestionamiento de los efectos sancionatorios derivados de ese incumplimiento; discusión sobre restricciones y límites al dominio privado dispuestas por la administración.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte declaró, en los extractos aportados, que el incumplimiento de una disposición viciada de ilegitimidad no puede producir una sanción jurídicamente asimilable y que corresponde al Municipio y a los poderes políticos provinciales determinar las limitaciones administrativas al dominio en interés público, evitando una injerencia jurisdiccional que exceda su competencia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El incumplimiento de una disposición viciada de ilegitimidad no puede gestar sanción jurídicamente asimilable, más aún cuando el acto imperativo que no resulta objeto de acatamiento conculca de manera manifiesta e inequívoca un derecho constitucionalmente consagrado."

"Incumbe al Municipio y a los poderes políticos del Estado provincial la determinación del tipo de limitación administrativa aplicable al dominio privado en interés público, para proteger y ejecutar oportunamente medidas de planeamiento urbano sin detrimento de garantías constitucionales. La emisión de un juicio de valor sobre el particular por ésta Suprema Corte, aunque se haga bajo apariencia de jurisdiccionalidad, significaría una ingerencia irritante en funciones que exceden su competencia, y por ende repugnantes al sistema republicano."

(No se aportaron otros párrafos ni votos en disidencia en el texto suministrado.)

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