ASOCIACION DE COLEGIOS PRIVADOS DE MENDOZA C/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Acción de inconstitucionalidad contra la forma de otorgamiento de subsidios provinciales a establecimientos de enseñanza privada por afectar el derecho a enseñar y aprender. El tribunal sostuvo que la acción de inconstitucionalidad es excepcional; los subsidios son materia de valoración política y presupuestaria, los derechos no son absolutos y sólo procede declarar inconstitucionalidad si existe afectación grave o condición monopólica que impida el ejercicio efectivo del derecho.
¿Quién es el actor?
No surge la mención expresa de la parte actora en el texto remitido.
¿A quién se demanda?
No surge la mención expresa de la parte demandada en el texto remitido (implicado: el Poder Ejecutivo/Provincia respecto de subsidios a establecimientos privados).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugna la forma de otorgamiento, reducción o distribución de subsidios estatales a establecimientos de enseñanza privada por considerarla atentatoria del derecho a enseñar y aprender y por posibilitar favores a determinados establecimientos o una situación monopólica del Estado en la prestación educativa.
¿Qué se resolvió?
El texto establece pautas para el examen de acciones de inconstitucionalidad sobre subsidios: la acción es excepcional y debe demostrarse afectación grave o monopólica que imposibilite el ejercicio de los derechos, el otorgamiento de subsidios es materia política sujeta a recursos y prioridades presupuestarias y los derechos a percibir subsidios no son absolutos, debiendo preservarse criterios de proporcionalidad y no discriminación en su distribución. (No consta en el extracto la decisión definitiva favorable o desestimatoria del reclamo).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Tanto el derecho de enseñar, como el de aprender no deben manejarse en condiciones monopólicas, ni por parte del Estado ni por parte de alguna comunidad privada. Por el contrario, el sistema educativo argentino debe estructurarse sobre un ámbito de libertad, que supone desde luego multiplicidad de opciones, tanto de regímenes, como de establecimientos educativos. No hay libertad posible, si no existen opciones, alternativas, facultades de elección entre varias. Además, desde luego supone la posibilidad del ejercicio efectivo del derecho de enseñar y de aprender."
"El ataque de inconstitucionalidad y su declaración por parte de la Justicia, constituye un acto de la máxima gravedad institucional, por lo que el agravio debe aparecer de una manera clara, ostensible, afectar seria y gravemente el ordenamiento jurídico, razón por la cual se trata de una medida restrictiva, de carácter excepcional y ante la evidencia del daño producido a los derechos y a las garantías de este nivel. En el caso concreto de afectación a la libertad de enseñar y aprender, debe constatarse que el agravio constitucional supone el impedimento del ejercicio o garantía o su afectación en grado importante. No basta al respecto una mayor onerosidad o cierta dificultad en su concreción por parte de los establecimientos educativos, sino esencialmente verificarse la condición monopólica de la actividad o la afectación misma de todo el sector que concurre al fortalecimiento de la actividad educativa."
"El otorgamiento del subsidio a los establecimientos educacionales destinado al pago de los sueldos de los docentes exige la obtención de los recursos pertinentes, y está necesariamente supeditado no sólo a los recursos, sino también a otros gastos que el Gobierno tiene la obligación constitucional de atender. Esta merituación, en la medida que no se impida absolutamente el ejercicio de un derecho protegido por la Constitución, es una valoración de carácter política, propia del Poder Ejecutivo que examina y aprueba el proyecto enviado. En este caso, el Poder Judicial debe ser cauto y no invadir atribuciones que la propia Constitución le ha asignado a los poderes políticos, no convertirse a los jueces en decisores definitivos de políticas determinadas. Ello no significa, que le desconozcamos al Poder Judicial la facultad de examinar la razonabilidad de la medida."
"No existen en la Constitución Nacional ni en la Provincial derechos y garantías absolutos. El reconocimiento de los derechos constitucionales no es absoluto, sino que se encuentra sujeto a las reglamentaciones que hacen a su ejercicio. Por ello, el derecho a percibir los subsidios por parte de los establecimientos de enseñanza privada, no le impide al Gobierno otorgarlos en la medida en que se lo permitan las reales posibilidades de los recursos, asignaciones presupuestarias y orden de prioridades que se determine, lo que no puede hacerse es desconocer totalmente el apoyo o en una medida tal que el servicio educativo se haga imposible de ser prestado por la actividad privada, fortaleciendo la prestación monopólica del mismo por parte del Estado."
"Existe un derecho de los establecimientos de enseñanza privada a recibir aporte estatal, siempre y cuando los recursos por las cuotas o aranceles no cubra este tipo de necesidades, pero el monto de los mismos debe estar acorde con las posiblidades reales de la Provincia de atender sus necesidades. Lo que no puede es impedirse la gestión de los institutos a través del cercenamiento de los subsidios concedidos y mantenerse con objetividad los criterios de distribución y la reducción o el incremento deben ser proporcionales para mantener un criterio igualitario en la ayuda estatal a los establecimientos y no estar sujetos a modificaciones que permitan presumir una intención de favorecer ciertos y determinados establecimientos."
¿Cómo votaron los jueces?
No se consignan votos discordantes en el texto remitido.
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