FISCAL C/ ARPEDONI TRIMBOLI IGNACIO P/ COMPETENCIA
Se planteó conflicto negativo de competencia entre el Sexto Juzgado de Instrucción y la Primera Fiscalía Correccional por actuaciones por homicidio culposo. La Sala declaró competente al Sexto Juzgado de Instrucción, apoyándose en la vigencia transitoria de las normas procesales y en la garantía del juez natural.
¿Quién es el actor?
Sexto Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial (planteó su incompetencia y solicitó resolución del conflicto).
¿A quién se demanda?
Primera Fiscalía Correccional de la Primera Circunscripción Judicial (opuso que no corresponde la declaración de incompetencia).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Resolución del conflicto negativo de competencia suscitado en las actuaciones por presunto Homicidio Culposo (art. 84 C.P.).
¿Qué se resolvió?
La Sala declaró competente para entender en las actuaciones al Sexto Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial y ordenó notificar la resolución a la Primera Fiscalía Correccional de la misma circunscripción.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"III.- Ahora bien, atento a la cuestión de competencia traída a estudio ante esta Sala, corresponde a fin de dirimir el conflicto suscitado, tomar como punto de partida el art. 565 del C.P.P. (Ley 6730), en tanto reglamenta las reglas de aplicación específicas para los procesos pendientes, en virtud de la ya conocida vigencia escalonada de la ley procesal (art. 562 C.P.P.). Tal norma expresamente prevé que en los procesos pendientes que estuvieran radicados en los Juzgados y en las Fiscalías de Instrucción, continuarán sustanciándose antes esos órganos de acuerdo a las normas que dicte la Suprema Corte de Justicia.
Estas normas de carácter transitoria, poseen en palabras de Cafferata Nores – Tarditti, un interés histórico, “porque en su mayoría posibilitaron una transición ordenada, con motivo de la reforma procesal” (Derecho Procesal Penal de la Provincia de Córdoba Comentado, Tomo II, Pág. 616).-
Asimismo y más concretamente, califica a tales normas transitorias, como una excepción al principio de la aplicación inmediata de la ley procesal, en tanto se consagra la ultraactividad transitoria obligatoria relacionada con los procesos pendientes (autores y obra citada, Tomo I, Pág. 53); se excepcionan por tanto, los principios de aplicación inmediata de la ley procesal penal a partir de su entrada en vigencia: la excepción encuentra fundamentos en razones de política legislativa favorecedora de una transición ordenada con motivo de una reforma de alto impacto, como lo fue la concentración de la investigación preparatoria en el Ministerio Público (Cfr. autores y obra citada, Tomo I, Pág. 53).-
En referencia a este aspecto, autorizada doctrina, acostumbran a tratar este tópico pensando en la sanción de una nueva ley procesal y su aplicación a los procesos pasados, pendientes y futuros. Dicen, desde este punto de vista que los procesos ya terminados, no se rigen por la nueva ley positiva, diversas situaciones (estado del trámite), según los cuáles un proceso pendiente se rige por la antigua ley derogada o por la nueva ley sancionada. Se tiene en mira para solucionar situaciones en las cuales el cambio de la ley procesal tiene gran trascendencia: o bien se trata de una ley procesal que renueva totalmente el procedimiento judicial a seguir, o bien la variación en el procedimiento es de cierta importancia. En esos casos sucede normalmente que los procesos pendientes que alcanzaron cierto grado – cierto recorrido en su trámite – continúan rigiéndose hasta el final por la ley vigente cuando fueron iniciados (aplicación ultraactiva de la ley derogada), y que los que no alcanzaron ese estado rijan sus actos, en más o en menos, por la nueva ley (posible aplicación retroactiva de la ley vigente) todo según disposiciones expresas en la nueva ley. (Cf. Maier, Julio “Derecho Procesal Penal Argentino, 1.a. Fundamentos, Págs. 281/282).-
Esta toma de postura permite además, el resguardo de la garantía del Juez Natural: existe un tópico, contenido en el derecho procesal penal, en el cual no está admitida la aplicación retroactiva de la ley: se trata de las reglas que regulan la competencia penal, pues “nadie puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa – Constitución Nacional art. 18 - , reglas que solo reconoce escasa excepciones”.-
En este sentido, Maier afirma: Nuestra constitución ha intentado asegurar como garantía para el justiciable, la imposibilidad de manipular el tribunal competente para el enjuiciamiento de tres maneras específicas: declarando la inadmisibilidad de las comisiones especiales, impidiendo que juzguen tribunales creados con posterioridad al hecho del proceso e indicando que en todo caso la competencia territorial que se integra a la constitución en el capítulo referido a la competencia (atribuciones), de los órganos judiciales, por su procedencia histórica, revele un carácter independiente, lo visible es que nuestra ley fundamental pretende cerrar toda posibilidad para que los órganos de gobierno elijan o determinen el tribunal competente para el caso. Procedió en consecuencia en mayor o menor, impidiendo en primer lugar, el peligro mayor y más grosero para la seguridad individual, las comisiones especiales, como forma abierta y transparente de determinar el tribunal de excepción juzgue el caso y luego, la posibilidad de que tribunales competentes según una ley general posterior al hecho se avoque al trámite y decisión de causas pendientes anteriores al comienzo de vigencia de la ley, forma que permitía determinar, encubierta o disimuladamente, con posterioridad al hecho, el tribunal que lo juzga” (autor citado, Págs. 489/490).-
“La regla es clara: en principio determina, positivamente que el único tribunal competente para el juicio, es aquel designado como tal por la ley vigente al momento en que se comete el hecho punible objeto del procedimiento, en segundo lugar cancela el efecto retroactivo de que pudiera pensar o que legislador pudiera atribuirle a la ley de competencia. Las leyes de competencia entonces, solo rigen para el futuro – regla que, en sí, no necesitaría aclaración, esto es, para hechos punibles cometidos con posterioridad a que entren en vigor y no pueden ser aplicadas para determinar la competencia de los tribunales respecto de hechos sucedidos con anterioridad a su vigencia ni por supuesto a causas pendientes, otorgándole efecto retroactivo”. (Autor citado, T. 2, Pág. 491/492).-
(Del dispositivo final:) "1°) Declarar competente para entender en estas actuaciones al Sexto Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial.
2°) Notificar lo resuelto a la Primera Fiscalía Correccional de la Primera Circunscripción Judicial."
(El fallo además remite a precedente interno:) "Esta Sala ya se ha expedido en autos N° 77.623 “Compulsa en autos n° 52.451...” sobre la inconstitucionalidad del art. 47 de la ley 7119 en su última parte, por oponerse al art. 144 inc. 4° de la Constitución de la Provincia; en concordancia con los arts. 48 primera parte y 148 del mismo cuerpo legal; por ello corresponde que entendamos en este conflicto."
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Normas que cita
- Ley 7119 (Provincia De Mendoza)art. 47
- Ley 1908 (Provincia De Mendoza)arts. 2, 26, 30, 31, 371
- Ley 7311 (Provincia De Mendoza)
- Ley 7280 (Provincia De Mendoza)
- 6730 (Provincia De Mendoza)art. 565; 562
Fallos que cita
- Compulsa en autos n° 52.451 (autos n° 77.623)
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