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Tribunal Superior

FERNANDEZ SAROME ROBERTO EN J° 109998/30154 FERNANDEZ SAROME ROBERTO C/ SARMIENTO GALLARDO DANIEL HORACIO P/ D. Y P S/ INC. CAS.

La actora promovió acción indemnizatoria por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, reclamando incapacidad sobreviniente y daño moral. La Sala Primera admitió parcialmente el recurso de inconstitucionalidad, revocó la negativa a reconocer la incapacidad sobreviniente y condenó a los demandados a abonar $15.992,34 más intereses, por mayoría.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
89097
Accidente de transito Incapacidad sobreviniente Dano moral Costas Arbitrariedad Prueba pericial Inconstitucionalidad Latigazo cervical Ley 17.418 F | caratula | tribunal | fecha | expediente | fallos | relacion | | cita --fin-citas--- | menciona | l.s. 356-50 | cita L.a. 101-447 | L.a. 91-143 | Intereses (plenario amaya) Amaya | sala primera (plenario citado como amaya) | L.l. 145 398 y nota | L.s. 377-62 (rivas Zocolillo citados) | L.s. 268-32 | L.s. 324-150 |

¿Quién es el actor?

Roberto Fernández Saromé.

¿A quién se demanda?

Daniel Horacio Sarmiento Gallardo y Luis José Abdala; se hizo extensiva la condena a Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. (codemandada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito (daño material, daño moral, incapacidad sobreviniente, daño psíquico).

¿Qué se resolvió?

Se admitió parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, se revocó la sentencia de alzada en cuanto negó la procedencia del rubro incapacidad sobreviniente; se condenó a los demandados al pago de $15.992,34 con más intereses (según criterio del Plenario "Amaya"). Se impusieron costas a los demandados vencidos; regulación de honorarios diferida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes del fallo (texto original):

"Como es sabido, la doctrina de la arbitrariedad, receptada desde antiguo por este Cuerpo, respeta ciertos lineamientos fundados en principios liminares para la validez de los fallos, cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la nulidad de los mismos, pero que, por la misma razón, esto es la gravedad que implica la anulación de un acto jurisdiccional regularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente a los efectos de no invadir jurisdicción extraña al remedio extraordinario. En este sentido adoctrina el Tribunal siguiendo el pensamiento de la CSJN (L.L. 145 398 y nota), que la tacha de arbitrariedad en el orden local no importa admitir una tercera instancia ordinaria contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente. El principio reviste carácter excepcional y su procedencia requiere una decisiva carencia de razonabilidad en la fundamentación; si la sentencia es suficientemente fundada cualquiera sea su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad."

"Conforme con estos principios, entiendo que el fallo cuestionado incurre en arbitrariedad al sostener que en autos no está probada la existencia de una incapacidad permanente, sino que la misma tuvo carácter transitorio, desde que tal circunstancia no es la que surge de las constancias de la causa. A tal efecto el Tribunal correctamente afirmó que bajo dicho rubro no sólo se indemniza la incapacidad laboral, sino en general la frustración de la vida en relación de la víctima, pero que el daño indemnizable es el de carácter permanente, es decir el que sobreviene a la lesión y luego del tiempo de curación se instala en forma permanente. Entendió que en el caso no surgía el carácter permanente de la lesión en razón que el perito afirmó que las lesiones "pueden" causar patologías y que ello no sucede en todos los casos. Respecto a la audiencia para dar explicaciones de fs. 199 sostuvo que el perito siguió afirmando la existencia de las potenciales patologías pero no aseguró que existía una incapacidad instalada en el paciente. Acto seguido cuando analiza la respuesta del experto dada a la pregunta si tiene algún grado de incapacidad, afirma conforme a la respuesta dada que tampoco existe seguridad acerca de su grado de incapacidad transitorio."

"Sin embargo tal afirmación no es correcta desde que de la lectura del acto de fs. 199 surge que el perito en repuesta a la pregunta número dos obrante a fs. 198, afirmó la existencia de una incapacidad laborativa en la actora, la que oscilaría entre un 10 y un 15% de incapacidad. Si bien es cierto que en su respuesta a la pregunta uno habla de "potenciales patologías", lo hace en el contexto en el que se formula la pregunta, esto es al interrogante efectuado en estos términos : ¿cuáles son las potenciales patologías que pueden instalarse en forma permanente a raíz de las lesiones sufridas por el actor?, el perito contesta: las potenciales patologías que pueden presentarse son dos: las cervibraquialgias y cefaleas residuales recurrentes, acto seguido contesta conforme lo previamente expuesto, que el actor presenta una incapacidad laborativa debida a dichas patologías. En ningún momento se refiere a que la misma sea transitoria, por lo que la afirmación del Tribunal en este aspecto carece de sustento fáctico en la causa."

(Adhesión de los Dres. Kemelmajer de Carlucci y Pérez Hualde al voto del Dr. Romano.)

Además el tribunal razona que la cuantificación del daño moral no merece modificación pues la suma de $6.000 (fija en primera instancia) no resulta ilógica ni excesiva dadas las lesiones leves y la falta de secuelas graves en la vida del actor.

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