DIAZ GOMEZ WALTER ENRIQUE C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA P/ A.P.A.
El actor promovió acción procesal administrativa para que se revoque la Resolución n.º 2052/S/06 que le impuso la cesantía y ordene su reincorporación con pago de salarios caídos. La Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia desestimó la acción por entender que el sumario administrativo fue válido, respetó el derecho de defensa y no acreditó arbitrariedad manifiesta en la sanción.
¿Quién es el actor?
Walter Enrique Díaz Gómez.
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia (Ministerio de Seguridad).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad y revocación de la Resolución n.º 2052/S/06 que impuso la sanción de cesantía; declaración de sobreseimiento y reincorporación al cargo; pago de salarios caídos (estima $13.500) con intereses; costas; además planteo de inconstitucionalidad de la ley de intereses n.º 7198.
¿Qué se resolvió?
Rechazar la acción procesal administrativa, imponer las costas a la parte actora, diferir regulación de honorarios, remitir actuaciones administrativas a origen y dar intervención a la Dirección General de Rentas y Caja Forense.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Realizado un pormenorizado análisis del sumario administrativo acompañado al Tribunal como prueba (Expte. N° 5706/P/00) se advierte que la causa iniciada por un acta labrada por la Superioridad para investigar la conducta administrativa del actor a raíz de la presunta fuga de información en procedimientos llevados adelante por personal policial, ha sido debidamente instruida.
En efecto, se ha respetado por parte de la administración el procedimiento de investigación, se han seguido los pasos establecidos para el inicio de un sumario (fs.7/8) mediante el dictado de los respectivos actos administrativos, luego se ha dispuesto y recepcionado la prueba de cargo (ver fs. 11/80).
Conforme surge del pedido realizado a fs. 81/87 el actor fue debidamente notificado de la audiencia de declaración indagatoria. Cumplió tal acto según surge de fs. 88/90 en el que se han respetado todos los requisitos necesarios para su validez, especialmente lo que hace al derecho de defensa del imputado al habérsele informado el encuadre de su conducta administrativa, la posibilidad de nombrar abogado defensor y la oportunidad de ofrecer las pruebas que considere oportunas.
La clausura del sumario se realiza conforme lo determina el Régimen Disciplinario Interno de la ley 6722 (fs. 136/137); se eleva el Informe pertinente (fs. 138), se deja constancia que el sumariado no alegó y del vencimiento del plazo.
Mención aparte merece el Dictamen de la Junta de Disciplina agregado a fs. 179/181 el que también cuenta con los requisitos necesarios para su validez, ya que del mismo surge que han sido analizados los hechos, las pruebas, se ha procedido a la calificación en los términos legales apropiados y se ha propuesto la sanción sugiriendo aplicar la cesantía.
De lo expresado se desprende que la conducta desplegada por el Instructor se adecua a las prescripciones legales vigentes (Ley 6722 y Decreto Reglamentario n° 2919/99), el derecho de defensa del interesado ha sido debidamente respetado...
En las condiciones expresadas la Resolución n° 2052/S del Ministerio de Seguridad no se avizora irrazonable o ilegítima, por lo que coincidiendo con lo dictaminado por el Procurador General del Tribunal, considero que corresponde desestimar la acción procesal administrativa en análisis."
¿Cómo votaron los jueces?
Los Dres. Llorente y Böhm adhieren al voto del Dr. Salvini.
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Normas que cita
- Ley 6722 (Provincia De Mendoza)arts. 141, 100 inc. 1°, 8 a 14
- Decreto 2919/99 (Provincia De Mendoza)art. 14
- Ley 3909 (Provincia De Mendoza)art. 40
- Ley 7198 (Provincia De Mendoza)
- C.P.C. (Código Procesal Civil) (Provincia De Mendoza)arts. 140, 141, 36
- Ley C.P.A. (Código Procesal Administrativo) (Provincia De Mendoza)art. 76
- Constitución (Provincia De Mendoza)art. 160
- Acordada 5845 (Provincia De Mendoza)
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