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Tribunal Superior

FISCAL C/ MONTEVERDI, ALDO JUAN P/ ABUSO DE FIRMA EN BLANCO S/CASACIÓN.

La querellante particular impugnó por casación el rechazo de su apelación contra el sobreseimiento en una causa por abuso de firma en blanco. La Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el recurso de casación, sosteniendo que la prórroga se computa desde la resolución que la concede y confirmó la regularidad del sobreseimiento; además impuso las costas a la querellante.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
92615
Costas Casacion Honorarios Derecho de defensa Notificacion Abuso de firma en blanco Sobreseimiento Querellante particular Prorroga de instruccion Articulo 474 c.p.p.

¿Quién es el actor?

Querellante particular Felisa Araya (y Fiscalía en la carátula: FISCAL).

¿A quién se demanda?

Monteverdi, Aldo Juan (imputado por abuso de firma en blanco).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso de casación contra la resolución que rechazó la apelación de la querellante y confirmó el sobreseimiento dictado por la Segunda Cámara del Crimen (autos nº P 84.243/04).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de casación interpuesto por Felisa Araya; se impusieron las costas a la querellante y se regularon honorarios por $200 al letrado interviniente; se tuvo presente la reserva formulada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"IV. 1. El dictum impugnado no contiene el vicio que el recurrente invoca, ni ha resultado afectado en el trámite de este proceso, derecho de rango constitucional alguno.

En efecto, yerra el quejoso cuando se agravia porque el inferior para computar el término de la prórroga, tuvo en cuenta exclusivamente la notificación al fiscal y no a su patrocinada, ya que la cámara interviniente expuso claramente su postura, concordante con la sostenida por esta Sala en numerosos precedentes (L.S. 393-069, 321-53, 315-133, entre otros) para la cual resultan irrelevantes para la procedencia del sobreseimiento, las notificaciones cursadas, ya sea al Ministerio Público o al acusador particular.

Es así, como se ha dicho, en términos plenamente aplicables al presente, que: '…En este sentido, Raúl Torres Bas en su obra “El sobreseimiento”, Ed. Plus Ultra, pág. 181, refiere que la jurisprudencia ha expresado que el plazo de la prórroga extraordinaria empieza a contarse desde que se concede. Se ha dicho que esta posición mayoritaria encuentra fundamento en dos razones: 1) por entender que la prórroga extraordinaria es una institución jurídico-procesal que se dicta en beneficio del imputado, y se vincula con los principios del debido proceso y de la inviolabilidad de la defensa en juicio, el “in dubio pro reo” y el principio constitucional de que todo imputado tiene derecho a un proceso razonablemente rápido; y 2) porque los distintos movimientos internos administrativos para producir las pertinentes notificaciones o las demoras en los mismos, no pueden afectar los derechos de los imputados, que son destinatarios del beneficio que conlleva el dictado de esta prórroga. (Cámara Segunda en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, autos n 2262, L.A. 048 fs. 410)… Es justamente en consideración de este último interés que comparto la conclusión de la jurisprudencia citada en cuanto a que el plazo de la prórroga extraordinaria se debe computar a partir de la fecha de la resolución que la dispone…'. (L.S. 393-69).

En virtud de ello, y teniendo en cuenta que la prórroga por quince días data del 11 de setiembre de 2.007 y el sobreseimiento del 2 de octubre del mismo año, no hay dudas que la primera estaba vencida al momento del dictado del segundo, sin que pueda derivarse de las actuaciones cumplidas desconocimiento del rol procesalmente asignado al acusador particular.

Resta decir que la prueba instrumental acompañada, fue presentada luego de vencidos los quince días acordados, por lo que no correspondía ponderación alguna al respecto, lo que el sentenciante, no obstante ello, efectúa.

Por lo tanto, y dictamen concordante del Señor Procurador General, corresponde rechazar el recurso de casación incoado."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto del Dr. Herman A. Salvini fue acompañado por los Dres. Carlos Böhm y Pedro J. Llorente (adhieren), conformando la mayoría que resolvió en los términos del dispositivo final.

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