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Tribunal Superior

RODRIGUEZ MARIA EUGENIA EN J 9.136/108.757 MASI MARISA C/ ROQUE DI CARLOS DEBANDI P/ D. Y P. S/ INC. CAS.

La actora (por sus sucesores) promovió demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito; la cuestión principal fue la procedencia del incidente de caducidad de la instancia tras el fallecimiento de la actora. La Suprema Corte provincial rechazó el recurso de casación y confirmó, por mayoría, que la caducidad no resultaba procedente porque la suspensión de los plazos subsistió hasta la aceptación del curador ad litem, operando así la causal de fuerza mayor.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
92673
Accidente de transito Danos y perjuicios Recurso de casacion Caducidad de la instancia Convencion sobre los derechos del nino Curador ad litem Suspension por fallecimiento Art. 3980 codigo civil Costas y honorarios (ley 3641) Fuerza mayor (suspension) Notificacion por cedula (art. 68 inc. xiii cpc)

¿Quién es el actor?

Marisa Masi (por la demanda; luego sus sucesores/herederos actuaron en autos).

¿A quién se demanda?

Roque Di Carlos Debandi (y su aseguradora citada en garantía).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito (se pedía incapacidad del 10% y daño moral).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte recurrente y se impusieron costas a la recurrente; se regularon honorarios y se dispuso destino parcial de depósito. En el fondo, la Sala confirmó la conclusión mayoritaria de que la caducidad no resultaba procedente en la causa analizada, aunque la mayoría rechazó el recurso y mantuvo la resolución apelada en su integridad (cabe aclarar: la parte dispositiva final rechaza el recurso de casación).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El mérito de los fundamentos esenciales del fallo, me persuade que asiste razón a la recurrente, lo que conlleva necesariamente a la revocatoria de la resolución recurrida.

En reiterados pronunciamientos este Cuerpo ha sostenido que, para que un acto procesal admita ser considerado útil y como tal con eficacia interruptiva, sus efectos deben proyectarse en una apreciación dinámica, o sea que el proceso avance hacia una etapa o parte de ella, necesaria a la obtención de la sentencia definitiva (L.S. 187-41; 143-22).

Mientras que la regla, conforme con el art. 78 del CPC, impone el deber de desarrollar el proceso, realizando actos que importen un avance, porque esto significa acto útil, la excepción la constituye la suspensión de la caducidad que se da cuando las partes se hallan impedidas de activar el procedimiento por alguna circunstancia de hecho o derecho ajena a su voluntad. Ello es lo prescripto por el art. 79 del CPC II ap. cuando establece que: 'Tampoco se declarará la caducidad de la instancia cuando el pleito se hubiere paralizado por fuerza mayor o por cualquier otra causa independiente de la voluntad de los litigantes.'

Esta es la situación que se dio en autos a raíz de la muerte de la actora, hecho que fue denunciado y acreditado en autos, conforme constancias de fs. 97/98 lo que motivó la suspensión de los procedimientos por decreto de fs. 99 de autos. Ahora bien, corresponde establecer hasta cuando duró tal suspensión; mientras que el juez a quo por aplicación del art. 48 inc. 4 del CPC que la misma nunca pudo durar más de 6 meses, la Cámara entiende que desde el decreto de fs. 99 hasta que la contraria interpuso la caducidad, había transcurrido más de un año por lo que el expediente se encontraba objetivamente caduco; la recurrente por su parte postula que los procedimientos estuvieron suspendidos hasta que la administradora provisoria y curadora ad-litem aceptó el cargo y pudo actuar en tales condiciones.

Entiendo que asiste razón a la quejosa desde que si bien es cierto que el decreto de fs. 99 de fecha 25/4/05 dispuso acordar el plazo de 20 días a los herederos para que comparecieran al proceso, acreditaran el carácter de tales y suspendió los procedimientos intertanto se notificaran y venciera el emplazamiento acordado; dadas las particularidades que el caso presenta, no puede entenderse que como los herederos nunca fueron notificados conforme surge de las constancias de fs. 101, esa suspensión sólo duró 6 meses.

En efecto y tal como se encargó de señalarlo el Ministerio Pupilar y surge de las actuaciones sucesorias N° 112.225, uno de los herederos, hijo de la causante era menor de edad, por tanto no podía actuar por sí en las actuaciones, necesariamente debía nombrársele un representante de conformidad a las prescripciones de los arts. 56 y 57 del Cód. Civ., mientras ello no ocurriese existía una imposibilidad fáctica y jurídica independiente de la voluntad de las partes de proseguir las actuaciones que configuró la causal de fuerza mayor prevista en la norma.

Dicha causal cesó un vez que la hermana del menor fue designada como su curadora ad-litem y aceptó el cargo lo que acaeció el día 16 de febrero de 2006.

Desde esa fecha hasta el día que la contraria interpuso el incidente de caducidad el 23 de mayo de 2006, habían transcurrido 3 meses y 13 días. Si a ello se le adiciona el tiempo transcurrido desde el último acto útil con eficacia interruptiva considerado por el Tribunal (recepción del AEV) del 17/8/04 hasta la suspensión de los procedimientos del 25/4/05 de 8 meses y 8 días, se concluye que la sumatoria de dichas cifras da un lapso menor al año de inacción, por lo que necesariamente debe concluirse que la caducidad no resultaba procedente.

El argumento del fallo referido a que la caducidad resulta procedente contra los incapaces de conformidad al art. 79 del CPC, no empece a que respecto de los mismos pueda operar la causal de fuerza mayor que la misma norma establece como causal de suspensión del curso de la caducidad.

De conformidad con lo expuesto entiendo que el fallo cuestionado ha incurrido en una errónea interpretación de tal normativa, por lo que corresponde admitir el recurso interpuesto, casar el pronunciamiento y rechazar en definitiva el incidente de caducidad articulado a fs. 108/109 y vta. de autos."

¿Cómo votaron los jueces?

"Me permito disentir, muy respetuosamente por cierto, con la solución a la que arriba el voto de mi distinguido colega de sala. [...] Tengo el convencimiento de que ninguna incidencia tiene la Convención de los Derechos del Niño en el caso a resolver. Independientemente de que a la época de la muerte de su madre había llegado a la edad de dieciocho años, las constancias de ambos expedientes muestran que el cumplimiento de los recaudos previstos en el ordenamiento procesal de ningún modo generaban barreras insuperables de levantar, ni de tipo jurídicas, ni económicas.

Por todo lo expuesto, voto por la confirmatoria de la decisión recurrida."

(Dr. Aida Kemelmajer de Carlucci, en disidencia).

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