DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION C/ MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ S/ CONFLICTO DE COMPETENCIA.
El Departamento General de Irrigación planteó conflicto de competencia frente a la Municipalidad de Godoy Cruz para que se declare que la comuna carece de potestad para exigir la Declaración de Impacto Ambiental y sancionar por su omisión. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió el conflicto a favor del Municipio, considerando que el ejercicio municipal de policía ambiental y la imposición de multas se han dictado dentro del marco de sus atribuciones y que la coordinación entre niveles es exigible en materia ambiental.
¿Quién es el actor?
Departamento General de Irrigación (D.G.I.).
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Godoy Cruz.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Que se declare incompetente a la Municipalidad para exigir la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) respecto de la obra de impermeabilización y unificación de canales Jarillal y Civit y que se anulen las resoluciones municipales (emplazamientos y multas) dictadas contra el D.G.I.
¿Qué se resolvió?
La Corte dirimió el conflicto a favor de la Municipalidad de Godoy Cruz y declaró que las resoluciones municipales que dieron origen al conflicto fueron dictadas dentro del marco de sus atribuciones; además, no se impusieron costas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original):
"En el caso, existe un conflicto claro desde que el Municipio, atribuyéndose facultades de contralor que funda en ley, ha ordenado al DGI la realización de una declaración de impacto ambiental, y ante el incumplimiento de esta orden, le ha impuesto una multa; por su parte, el DGI niega que el Municipio tenga estas facultades; se las atribuye para sí y, sólo subsidiariamente, entiende que corresponden al Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo."
"Coincido con el Sr. Procurador General que, conforme estos precedentes, este conflicto debe ser dirimido a favor del Municipio de Godoy Cruz. Explicaré por qué: 1. El planteo del DGI implica sostener que él es un organismo del Estado no sometido al sistema típico de pesos y contrapesos de una República. Las normas constitucionales transcriptas no avalan esa posición; por el contrario, ellas suponen que el DGI, como cualquier organismo del Estado, por independiente, autónomo o técnico que sea, ejerce sus atribuciones sujeto a controles y no actúa aislado del resto del sistema jurídico, sin coordinación alguna."
"3. En el caso: (a) El DGI no ha acreditado haber cumplido con el trámite previsto en el ordenamiento que él mismo se ha dictado para regir en su propio ámbito (Resolución 109/00); si lo hubiese hecho, hubiese presentado ante el Municipio o ante el organismo que él considera competente, el resultado de esa actividad ante el primer emplazamiento y el conflicto no se habría producido. (b) A diferencia de lo acontecido en los precedentes, el municipio no ha dispuesto la paralización de las obras (LS 345-15), ni otras medidas que impiden el ejercicio de las facultades propias del DGI ... Por el contrario, se ha limitado ... a exigir la declaración de impacto ambiental y a imponer una multa por la omisión."
¿Cómo votaron los jueces?
La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci votó detalladamente por la solución expuesta y los Dres. Böhm, Pérez Hualde, Llorente, Salvini, Romano y Nanclares adhirieron por sus fundamentos al voto que antecede.
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