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Tribunal Superior

SANCHEZ, JUAN CARLOS EN J 39.586 SANCHEZ, JUAN CARLOS C/COOPERATIVA EMPRESA ELECTRICA DE GODOY CRUZ LTDA. P/COBRO DE SEGURO S/INCONSTITUCIONALIDAD.

El actor promovió recurso extraordinario de inconstitucionalidad contra la sentencia que rechazó su demanda por cobro de seguro/daños derivados de baja del seguro colectivo. La Sala Segunda de la Suprema Corte de Mendoza rechazó el recurso por improcedente, entendiendo que el agraviante no acreditó vicio constitucional ni indefensión y que su planteo es esencialmente de valoración probatoria y de derecho corregible por casación.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
98111
Recurso extraordinario Costas Casacion Indemnizacion Inconstitucionalidad Improcedencia Valoracion probatoria Lct Indefension Seguro colectivo Se dejo el campo correspondiente en -.) (se consignan las normas y precedentes mencionados en la sentencia Donde el texto no aporta numero de expediente Tribunal o fecha

¿Quién es el actor?

Juan Carlos Sánchez.

¿A quién se demanda?

Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. (Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, Edificación, Servicios Públicos y Consumo Limitada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamó indemnización vinculada al cobro de un seguro colectivo/daños y perjuicios por haber sido dado de baja del seguro contratado por la empleadora mientras persistía la relación laboral (en la carátula: “Cobro de Seguro” y planteo de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Cámara del Trabajo).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por Sánchez; se impusieron las costas al recurrente y se diferenció la regulación de honorarios. Votos mayoritarios de los Dres. Llorente, Salvini y Böhm.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripciones textuales relevantes del fallo (conservando el lenguaje del Tribunal):

"Para que sea acogible un recurso de inconstitucionalidad, fundado en la privación del derecho de defensa, es necesario que se trate de vicios de tal gravedad y consecuencia, que hagan imprescindible por razones de orden público, su reparación por la vía de ese recurso (LS 131-299, 157-24), de acuerdo con ello, no basta una enunciación genérica, sino que el motivo debe estar claramente explicitado y encuadrar en alguno de los tres supuestos de indefensión contenidos en la nota del art. 150 del C.P.C., vale decir, que el recurrente no ha sido oído, no se le ha dado oportunidad de ofrecer prueba -si ésta fuere pertinente-, o se le han denegado los recursos procedentes (LS 154-304, 219-154, 230-471, 239-1, 241-95, 262-270, 270-36)."

"…desde una perspectiva sustancial se advierte que la empleadora aseguró al actor por el riesgo de invalidez total permanente e irreversible (ver fs. 186, fs. 205) y no podría ignorarse que según lo manifestado por el propio actor en su demanda el 07/08/04 sufrió un grave accidente que lo incapacitó total y permanentemente al punto que debió ser intervenido quirúrgicamente. También refirió el accionante que hizo saber su estado a la demandada mediante el pertinente certificado médico por el cual le comunicó que por la magnitud de las lesiones estaba imposibilitado de reincorporarse al trabajo por lo que reclamó y obtuvo el pago de la indemnización prevista en el art. 212 de la LCT (ver fs. 28 vta.). Tampoco podría pasarse por alto que el actor también conoció que durante la vigencia de la relación, revestía la condición de asegurado en Metlife. Ello surge de las constancias obrantes en los recibos de sueldo por él mismo acompañados (ver fs. 159/160) y de esa misma documental se desprende que cesó en el mes de agosto de 2006 (ver recibos de liquidación final de fs. 161 rubricado por Sánchez). Su propio relato y las comunicaciones aportadas muestran que recién cursó sus reclamos a la aseguradora y a la demandada en diciembre de 2007 cuando ya no era empleado asegurado sin precisar debidamente en su escrito inicial cuál sería la irregularidad atribuible a la empleadora habilitante de la procedencia de la pretensión resarcitoria esgrimida y sin ofrecer ni producir prueba suficiente al respecto (art. 168 ap. I y 179 del CPC, art. 108 del CPL, arts. 505, 512, 1058, 1109 y conc. del CC)…"

Otros fundamentos: la Sala reitera que la tacha de arbitrariedad exige demostración de vicios graves (razonamientos groseramente ilógicos, omisión de hechos decisivos o manifiesta carencia de fundamentación) y que el control técnico de interpretación y aplicación del derecho corresponde al recurso de casación, por lo que el recurso de inconstitucionalidad no es vía para reevaluar apreciaciones probatorias o errores de derecho subsanables por casación. El Tribunal también consideró que el recurrente no acreditó la vinculación decisiva entre el agravio y la Constitución ni demostró indefensión extrema prevista en art.150 CPC.

¿Cómo votaron los jueces?

Unánimes (Los Dres. Llorente, Salvini y Böhm adhieren al voto que rechaza el recurso). No se registra disidencia.

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