DIAZ, CARLOS ALBERTO C/ GOB. DE LA PROV. DE MENDOZA S/ A.P.A.
El actor promovió acción procesal administrativa contra el Gobierno de la Provincia de Mendoza solicitando la liquidación de sus haberes conforme a la escala de la Ley N° 6722 desde el 28.12.1999. La Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia rechazó la demanda y sostuvo que la Ley 6722 y su Decreto reglamentario 2920/99 establecen un régimen de transición y una coexistencia normativa que no habilita la percepción simultánea de beneficios de ambos regímenes.
¿Quién es el actor?
Carlos Alberto Díaz (Cabo de la Policía de Mendoza).
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia de Mendoza (representado por Fiscalía de Estado).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Que se liquide sus haberes conforme a la escala de la Ley N° 6722 por el período desde el 28.12.1999 hasta la fecha en que se comenzaron a abonar conforme a ella, con más intereses y conservación de derechos adquiridos por la Ley N° 5336.
¿Qué se resolvió?
Rechazar la demanda; imponer costas a la actora; regular honorarios profesionales.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La entrada en vigencia de la presente Ley no afectará los derechos adquiridos por el personal policial existente a la fecha de su entrada en vigencia en lo referente a remuneraciones y régimen previsional, a cuyo efecto continuará siendo de aplicación la Ley 5.336." (art. 327° Ley N° 6722, citado en el voto).
"La nueva ley no deroga expresamente el régimen anterior, el que mantiene su validez respecto al personal penitenciario y al policial existente antes de su entrada en vigencia (arts. 326 y 327), por lo que concluyo que se da una suerte de coexistencia de ambos regímenes."
"En la especie, el Decreto 2920/00 dictado en función de expresa delegación legislativa (arts. 4 y 333 de la Ley 6722) vino a completar la norma dando marco jurídico a un período de mutación entre un régimen y otro sin entrar en colisión con la política legislativa que se plasmó en la ley que reglamenta, por lo cual no se advierte que exista exceso en la facultad reglamentaria."
"En efecto, en los precedentes aquí seguidos se expresó al respecto, que: 'Los derechos adquiridos a los que refiere la norma se relacionan con las condiciones particulares de cada funcionario policial que lo hubiesen hecho acreedor de algún beneficio remunerativo comprendido en la Ley 5336 que no se pierde atento a su vigencia. En este punto resulta contradictoria la postura de la parte actora en cuanto exige el mantenimiento de adicionales previstos en un régimen que entiende derogado.'"
"Por todo lo expuesto, en concordancia con lo dictaminado por el Señor Procurador General y respetando la jurisprudencia de este Tribunal en la materia (L.S. 386-32; 394-40; 400-96) ... corresponde que se desestime la acción con costas."
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo disidencia; ambos ministros adhirieron al voto que rechaza la demanda.
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