SALVINI, BEATRIZ F. C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA (PODER JUDICIAL) S/ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA.
Beatriz Fernanda Salvini promovió acción procesal administrativa para anular el llamado de atención dictado por la Sala III el 13/10/2010 en el expediente administrativo 73580. La Sala Segunda de la Suprema Corte hizo lugar a la acción y anuló la resolución por haberse excedido en una valoración de naturaleza jurisdiccional que la Sala Administrativa no puede efectuar.
¿Quién es el actor?
Beatriz Fernanda Salvini.
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia de Mendoza (Poder Judicial) / Sala III de la Suprema Corte (parte demandada).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se solicita la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución de la Sala III de fecha 13 de octubre de 2010 en el expediente n° 73580 ("Ferreyra Lagos, Domingo E. Expone situación") consistente en la imposición de un llamado de atención por supuesto abuso procesal.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la acción procesal administrativa; se anuló la resolución de fs. 100/102 vta. del 13/10/2010; se impusieron las costas a la parte demandada; se diferió la regulación de honorarios; se remitieron las actuaciones administrativas a origen.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"De lo sintéticamente relacionado se advierte que el acto administrativo cuya nulidad se pretende adolece de una imprecisión insuperable que se configura en parte esencial del objeto del mismo.
En efecto, si la valoración sobre la conveniencia o necesidad de incorporar un medio probatorio para la mejor solución de la litis es una cuestión jurisdiccional ajena al análisis de la Sala Administrativa, no se puede a continuación realizarse dicha valoración y concluir que se ha configurado el abuso procesal.
Sabido es que los actos procesales son actos jurídicos que tienen por fin la realización del derecho material. Son los que dan vida al proceso y se cumplen a través de los sujetos que intervienen en el mismo quienes producen los efectos procesales (las partes, el abogado, el Juez, el Secretario los que crean, modifican, suspenden o extinguen la relación jurídico procesal). Su utilización irregular ha dado lugar a la creación de la figura del abuso procesal. El análisis del abuso en el proceso, sea del sujeto del que provenga implica un análisis jurídico que solo puede ser realizado a través de los procedimientos y recursos procesales legales y por los tribunales con competencia para ello. En todo caso, comprobado por el medio recién expresado y proviniendo el abuso de la conducta de un magistrado, podría llegar a ser fundamento del inicio de un procedimiento administrativo posterior con la finalidad de ejercer la competencia de Superintendencia otorgada por el art. 5° de la ley 4969. Lo que resulta claro es que nunca puede realizar tal análisis jurisdiccional la Sala Administrativa en ejercicio de la Superintendencia.
El acto administrativo impugnado mediante la presente acción en sus primeros fundamentos sostiene que escapa a su análisis la valoración de la utilización por parte del magistrado de ciertas prerrogativas procesales y luego las aprecia en forma minuciosa en su alcance y proyección, concluyendo que tales conductas -procesales- configuran la falta de abuso procesal por la que se le aplica un llamado de atención.
Lo expresado resulta suficiente argumento para tener por configurado un vicio grave ya que transgrede -tal como lo sostiene el actor- lo dispuesto por los arts. 31 y 32 de la ley 3909 al haber revisado resoluciones y procedimientos del Tribunal inferior y tenido por cierto que tales actos procesales daban lugar a un llamado de atención.
La consecuencia jurídica que ello provoca no puede ser otra que la declaración de nulidad de la resolución en examen."
¿Cómo votaron los jueces?
La decisión fue adoptada por unanimidad de la Sala Segunda (Drs. Llorente, Romano y Staib), adhiriendo los Dres. ROMANO y STAIB al voto principal del Dr. Llorente.
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