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Tribunal Superior

IJOGALU SA EN J 29.447/53.424 GIL DI PAOLA, JERONIMO A.; TALAMONTI BALDASARRE BERNARDO Y CALDERON BETIANA M. C/ IJOGALU SA Y SUAREZ, EMILIA MARIA P/ EJECUCION DE HONORARIOS S/ REC. EXT. PROV.

Los recurrentes impugnaron la regulación de honorarios fijada sobre la base de una tasación de parte en un proceso de reivindicación. La Suprema Corte de Mendoza rechazó el recurso extraordinario provincial al considerar ajustada a derecho y no arbitraria la valoración probatoria y la aplicación de la Ley Arancelaria.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
13-04405142-1/1
Costas Arbitrariedad Honorarios Morigeracion Ley 24.432 Estimacion de honorarios Recurso extraordinario provincial Cpcctm Tasacion de parte Ley arancelaria (l.3641)

¿Quién es el actor?

IJOGALU S.A. y Emilia María Suárez (recurrientes).

¿A quién se demanda?

Sentencia de la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas (actos recurridos en autos “GIL DI PAOLA, JERÓNIMO A.; TALAMONTI BALDASARRE, BERNARDO Y CALDERÓN, BETIANA M. C/ IJOGALU S.A. Y SUÁREZ, EMILIA MARÍA P/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS”).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación del auto regulatorio de honorarios — estimación y fijación de honorarios profesionales sobre la base de una tasación de parte por tasador (valor del inmueble $7.924.000 al 2017), y petición de morigeración por aplicación arts. 3 y 13 Ley 24.432.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario provincial y se confirmó la resolución de la Cámara que reguló honorarios (cada uno $237.720 en instancia de grado; en este acuerdo se regula además honorarios de la instancia extraordinaria para el Dr. Jorge Gustavo Sin en $42.789). Se impusieron las costas en el orden causado y se destinó $5.000 conforme art. 47 ap. IV CPCCTM.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El recurso extraordinario de inconstitucionalidad en el ámbito local, fundado en la doctrina de la arbitrariedad, será procedente toda vez que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial recurrido, consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de consideración de hechos o pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación ... En este sentido, criterio rector para este Cuerpo, siguiendo el pensamiento de la CSJN (LL 145-398 y nota), que la tacha de arbitrariedad en el orden local no importa admitir una tercera instancia ordinaria contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente."

"Por su parte, el art. 5 L.A. dispone que 'en los procesos que versen sobre inmuebles, el monto del juicio será el valor de aquellos al momento de practicarse la regulación, según las pruebas existentes en el expediente, o las que aporte el profesional, según la facultad conferida en el art. 21.' ... la simple oposición al monto estimado sin apoyatura en prueba alguna carece de trascendencia en el trámite de estimación de honorarios."

"En el principal no se ha rendido prueba idónea que demuestre la desproporción de los montos regulados con la importancia de los intereses en juego, ni con las vicisitudes acontecidas en el proceso, ni con la situación patrimonial de los demandados. La quejosa no justifica en modo alguno, la necesidad del juzgador de apartarse de las escalas establecidas por la ley..."

¿Cómo votaron los jueces?

Voto principal del Dr. Julio R. Gómez; adhesión por los Dres. Pedro J. Llorente y Dalmir o F. Garay Cueli (acuerdo unánime). No hubo disidencia.

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