GUILLOT RAUL C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
El actor promovió acción procesal administrativa solicitando la anulación de la resolución que rechazó su denuncia por no haber sido designado en concursos internos para la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial. La Sala Segunda rechazó la demanda por mayoría, entendiendo que no se acreditó discriminación ni arbitrariedad en la evaluación del Tribunal examinador y que la prueba aportada es insuficiente para condenar la actuación administrativa.
¿Quién es el actor?
Raúl Luis Guillot, agente del Poder Judicial (Analista de Sistemas/Programador), postulante en tres concursos internos.
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia de Mendoza (Poder Judicial) y Fiscalía de Estado.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de la resolución de fecha 18/06/2015 dictada por la Sala III que rechazó la denuncia administrativa del actor por haber sido desaprobado en los concursos para los cargos de “Analista Funcional”, “Inspector de Calidad” y “Asistente Técnico”; denuncia de discriminación por discapacidad visual y de arbitrariedad/falto de fundamentación en la decisión.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda interpuesta por el Sr. Guillot y se impusieron las costas en el orden causado. Regulación de honorarios diferida.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En la especie, el control jurisdiccional recae sobre el actuar administrativo del Poder Judicial, revisión que debe estar atravesada por los estándares internacionales sobre derechos humanos de las personas con discapacidad, y con ello, por el ejercicio del control de convencionalidad.
No puede desconocerse importante jurisprudencia nacional, como es el caso “Naranjo, Emiliano P. c/ Universidad Nacional de La Matanza” – CSJ 94/2014 50-N CS001. El recurso en ella intentado por la Universidad de la Matanza fue rechazado por aplicación del art 280 del C.P.C.C.N. Pero no se puede desconocer el dictamen del Ministerio Público Fiscal. En efecto, el estándar sobre derechos humanos que surge del fallo es el siguiente: “La garantía del goce y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás requiere de la realización de “ajustes razonables”." (parte del voto del Dr. Adaro)
"No basta sostener que hubo discriminación, en función de la aserción de una dificultad visual que debió ser contemplada, si no se enuncian pistas concretas respecto de la situación que debió ser atendida y no lo fue o de cualquier otra que implicase tal trato contrario a la garantía de igualdad y no discriminación.
En los términos no concretados en que la denuncia administrativa en primer tiempo y luego la demanda judicial sostiene un trato discriminatorio no corresponde invertir carga probatoria alguna ni requerir explicaciones específicas a la Administración demandada.
De esa suerte debo concluir que la demanda se encuentra en situación de orfandad probatoria y corresponde, en consecuencia, su rechazo." (parte del voto en disidencia del Dr. Julio R. Gómez, que integró la mayoría con el Dr. Garay Cueli)
Además, el Tribunal valoró los informes y actas del Tribunal calificador que contienen puntajes y motivaciones específicas sobre antecedentes, coloquio y experiencia profesional del actor para cada cargo y concluyó que no se acreditó arbitrariedad ni discriminación imputable al proceso evaluatorio.
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