RAMIREZ VILLAGRA HECTOR ARIEL C/ GOBIERNO DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
El actor promovió acción procesal administrativa para que se le reconozca la jerarquía de Oficial Ayudante por haber obtenido la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Ciudadana. La Sala Primera rechazó la demanda argumentando que la promoción es un acto administrativo discrecional sujeto a la normativa vigente al momento del dictado del decreto (Ley 8848) y que no existe derecho automático al ascenso.
¿Quién es el actor?
Héctor Ariel Ramírez Villagra, miembro de la Policía de Mendoza.
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia de Mendoza.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reconocimiento de jerarquía de Oficial Ayudante (ascenso) y retroactividad por haber obtenido título de Técnico Universitario en Seguridad Ciudadana en diciembre de 2015; impugnación del Decreto Ministerial N° 1975/16 que lo ascendió a Oficial Subayudante.
¿Qué se resolvió?
Rechazó la demanda; impuso costas a la actora; reguló honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Como lo recordó la Corte Federal el estado policial presupone el sometimiento de su personal a las normas que estructuran la institución de manera especial dentro del esquema de la administración pública, sobre la base de la disciplina y la subordinación jerárquica. Dicho estado implica la sujeción al régimen de ascensos y retiros por el cual se confiere a los órganos específicos la capacidad de apreciar en cada caso la concreta aptitud, con suficiente autonomía funcional, derivada, en última instancia, del principio cardinal de división de poderes (“Gentile”, 1981).
Y en este contexto la pretensión de ascenso del accionante se enmarca en un sistema legal determinado al que está sujeto. Más aún considerando que la posibilidad de ascenso no significa la existencia de un derecho subjetivo a la obtención del mismo.
En esta temática el Artículo 9° del Dec. Reglam. 955/16 (B.O. 06/09/17), respecto del Anexo I Ley 6722 modificada por Ley N° 8848, establece que: “La Escala Jerárquica dispuesta por la Ley N° 8848 y que modifica la prevista por la Ley N° 6722, será aplicable a todos los nombramientos que se efectúen a partir de los 8 días corridos, de la publicación de la Ley N° 8848, sin excepciones”.
Con lo cual la pretensión del actor ejercida con anterioridad (29/12/2015) al dictado de la ley (B.O. 20/04/2016), pero cuya concreción fue efectuada en diciembre de 2016 dentro de régimen promocional anual, se encontraba dentro del ámbito temporal de aplicación de la norma (Ley 8848).
Consecuentemente, los cuestionamientos formulados contra el Decreto 1975/16, carecen de fundamento, por cuanto en el contexto jurídico mencionado, no surgen vulneradas las garantías, ni conculcados los derechos que sirvieron de basamento a las objeciones expuestas cuando se ejerce la acción, por lo que no se avizora la existencia de vicios que justifiquen la nulificación pretendida.
En particular no se advierte que el acto se halle en discordancia con la situación de hecho reglada, o con los antecedentes de hecho y derecho del caso conforme el art. 52 inc. b) de la Ley 9003, sino que por el contrario la Administración decidió con adecuación a las mismas.
Recuerdo en punto al asunto que la Administración resolvió la situación escalafonaria del administrado por aplicación de la norma vigente que la regulaba al momento de concretarse el ascenso. Así las cosas deviene aplicable el brocardo conforme el que se afirma que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento del orden jurídico.
...
En conclusión, y en definitiva, estos antecedentes no conducen a una solución favorable al accionante atento a la doctrina de esta Corte en relación con el carácter no vinculante del precedente administrativo ya reseñado y las particularidades de cada antecedente, como fueran detallados.
En el contexto probatorio de la causa, y aplicando las pautas jurisprudenciales reseñadas, propicio que se rechace la demanda articulada."
¿Cómo votaron los jueces?
Voto de mayoría formado por el Dr. Julio Ramón Gómez (extenso fundamento) con adhesión del Dr. Pedro Jorge Llorente. El Dr. Dalmiro Fabián Garay Cueli estuvo ausente por licencia.
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Normas que cita
- Ley 6722 (Provincia De Mendoza)arts. 178, 179, 181, 183, 284, 330, disp. finales y transitorias
- Ley 8346 (Provincia De Mendoza)art. 3 (modifica art. 183 Ley 6722)
- Ley 8848 (Provincia De Mendoza)art. Anexo I; art. 22 (modifica art. 284 Ley 6722)
- Decreto-ley 2920 (Provincia De Mendoza)art. Decreto Reglamentario anterior (mencionado)
- Decreto 955 (Provincia De Mendoza)arts. 9, 10
- Ley 8838 (Provincia De Mendoza)art. 28 (mencionado respecto de partidas presupuestarias)
- Ley 3918 (Provincia De Mendoza)art. 44 (mencionado en admisión de hechos de la demanda)
- CPCyT.M. (Provincia De Mendoza)art. 36 (costas)
- CPA (Provincia De Mendoza)art. 76 (costas)
- Ley 3641
- Ley 9131
Fallos que cita
- "Establecimiento Las Marías"CSJN
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