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Cámara de Apelaciones

Despido: DIAZ, Carmen del Valle c/ LELLO, Miguel Ángel

La actora demandó por despido sin justa causa y múltiples rubros indemnizatorios contra su empleador. El Tribunal del Trabajo hizo lugar parcialmente a la excepción de pago respecto del capital y condenó al pago de intereses actualizados, y rechazó el reclamo por diferencias salariales por defectos en la petición.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal del Trabajo-Sala I-Vocalía 1 (JUJUY)
Fuero
Tribunal del Trabajo-Sala I-Vocalía 1
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-238413/2023
Despido sin causa Excepcion de pago Intereses moratorios Diferencias salariales rechazadas Registro laboral Actualizacion por smvm Costas por su orden Honorarios Tribunal del trabajo jujuy Liquidacion final.

¿Quién es el actor?

Sra. Carmen del Valle DIAZ, representada por el Dr. Gustavo Darío AVILA.

¿A quién se demanda?

Sr. Miguel Ángel LELLO, representado por el Dr. Luciano Fabián TULA.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Despido sin justa causa y rubros indemnizatorios: indemnización por despido, preaviso, S.A.C. adeudados y sobre preaviso, integración mes de despido, diferencias salariales por períodos no prescriptos, S.A.C. proporcional, vacaciones adeudadas conforme CCT 130/75 (Empleados de Comercio), indemnizaciones por falta de registración, multas, y entrega de certificación de servicios y remuneración.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcialmente a la excepción de pago (extinguiéndose el capital, pero rechazándose la extinción respecto de los intereses moratorios), condenando al demandado a abonar intereses actualizados por $1.394.739,56; se rechazó la demanda por diferencias salariales; se reguló honorarios profesionales a favor de los letrados intervenientes; costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"I.- Ingresando al tratamiento de la primera cuestión controvertida, corresponde analizar la fecha de ingreso denunciada por la parte actora. En su escrito de demanda, sostiene que la relación laboral se inició en marzo del año 2006; sin embargo, de los recibos de haberes acompañados por ambas partes surge que la trabajadora se encuentra registrada desde octubre de 2010.

Ahora bien, de la prueba producida en autos se advierte una absoluta orfandad probatoria tendiente a acreditar la fecha de ingreso invocada en la demanda. La Sra. Díaz no ha ofrecido ni producido prueba testimonial alguna que permita corroborar la prestación de servicios desde el año 2006. Cabe recordar que en el proceso laboral la prueba testimonial reviste singular relevancia, especialmente cuando se trata de acreditar relaciones no registradas o parcialmente registradas.

Del mismo modo, no se encuentra incorporada documentación alguna —tales como constancias, comunicaciones, registraciones o cualquier otro elemento objetivo— que permita tener por demostrado que la relación laboral se inició con anterioridad a octubre de 2010.

En consecuencia, ante la ausencia de prueba idónea que desvirtúe la registración formal acompañada en autos, y conforme surge de los recibos de haberes agregados, corresponde tener por acreditado que la fecha de ingreso de la Sra. Díaz es la consignada por el empleador, esto es, octubre de 2010."

"II.- En relación a las diferencias salariales reclamadas, en mi opinión las mismas no pueden tener acogida favorable ya que no han sido peticionadas en forma correcta; no surge en el escrito de demanda, cuanto era lo que percibía el actor y cuanto es lo que él entiende que debía cobrar; tampoco en la misma demanda, se especifica cuáles son los períodos concretos que se están reclamando; todas estas deficiencias del mismo violentan el debido proceso y el legítimo derecho de defensa en juicio del demandado, por lo que corresponde sin más su rechazo."

"III.- Con relación a la excepción de pago; nuestro Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), en su Art. 865, define al pago como "el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación".

El Art. 867 CCyC dice que "El objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización”, exigencias estas que deben ser analizadas en los presentes obrados.

El requisito de identidad se encuentra cumplido en virtud que la demandada (acreedor) otorgó aquella prestación (pago en dinero) que se había obligado a cumplir con el deudor (Art. 868 CCyCN), prueba de ello, es el acta de audiencia expedida en el Ministerio de Trabajo y Empleo, la cual hace constar que a la Sra. DIAZ le abonaron la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 1.978.000,00), suma recibida por la trabajadora en disconformidad.

Respecto a la integridad, se observa en el instrumento incorporado en autos, que se abonó al actor la suma de $ 1.978.000,00 en concepto de liquidación final; teniendo en consideración la planilla confeccionada por la CPN Luciana ALBERTO, integrante de esta Sala I del Tribunal del Trabajo, se corrobora que el monto pagado por la demandada esta ajustado a derecho.

Ahora bien, en cuanto al tiempo de pago, la accionada abonó las sumas derivadas del distracto producido el 31/05/2023, imputándolas a cancelación total.

Sin embargo, dicho pago fue efectuado con posterioridad al vencimiento del plazo legal para su cancelación (25/08/2023), configurándose la mora automática del empleador. En consecuencia, si bien el desembolso realizado resulta idóneo para extinguir el capital adeudado, no comprende los intereses moratorios devengados desde la exigibilidad de las sumas hasta la fecha de su efectivo pago, los cuales no fueron expresamente satisfechos.

En tales condiciones, corresponde hacer lugar parcialmente a la excepción de pago en cuanto al capital, rechazándola respecto de los intereses moratorios que deberán liquidarse."

"IV.- Que conforme surge de la planilla practicada en autos, el total de indemnizaciones adeudadas al actor al 31/05/2023 asciende a la suma de $ 1.895.244,64.

A efectos de preservar el carácter alimentario del crédito laboral y mantener incólume su poder adquisitivo frente al proceso inflacionario, corresponde proceder a su actualización conforme la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), fijado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Asimismo, atento lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia del Neuquén en autos LA-19700/24, caratulados “Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº B-247063/2010 (Tribunal del Trabajo Sala II – Vocalía 6) ‘DESPIDO: CORONEL NILDA NOEMÍ C/ S.U.T.I.A.G.A.’”, corresponde aplicar la doctrina legal allí establecida, conforme el voto del Dr. MEYER —al que adhiriera el Dr. OTAOLA—, que dispone la utilización del valor del SMVM vigente a la fecha del distracto como parámetro de cuantificación, determinando su equivalencia en cantidad de salarios mínimos y proyectando luego su actualización según las variaciones posteriores del referido indicador.

En consecuencia, tomando el SMVM vigente en junio de 2023 ($ 87.987,00), el capital histórico representaba el equivalente a: $ 1.895.244,64 ÷ $ 87.987,00 = 21,54005298 SMVM.

Posteriormente, al mes de agosto de 2023, fijado el SMVM en $ 112.500,00, el crédito ascendía a: 21,54005298 × $ 112.500,00 = $ 2.423.255,96.

Con fecha 25/08/2023 la demandada abonó la suma de $ 1.978.000,00, la que resulta insuficiente para cancelar íntegramente el crédito actualizado a esa fecha, generando un saldo impago de: $ 2.423.255,96 – $ 1.978.000,00 = $ 445.255,96.

Dicho saldo, al mes de agosto de 2023, equivalía a:

$ 445.255,96 ÷ $ 112.500,00 = 3,957830757 SMVM.

Tomando el SMVM vigente a marzo de 2026 ($ 352.400,00), el saldo actualizado asciende a: 3,957830757 × $ 352.400,00 = $ 1.394.739,56.

Consecuentemente, el monto que deben percibir la Sra. Carmen del Valle DIAZ asciende a la fecha a la suma de Pesos Cuarenta y Seis Millones Trescientos Cuarenta Mil Nueve Con 36/100 ($ 1.394.739,56), en concepto de intereses calculados desde la fecha del despido hasta el día del efectivo pago de la indemnización; importe que continuará generando el interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina hasta la efectiva cancelación."

¿Cómo votaron los jueces?

No se informan votos en disidencia en el dispositivo final; la resolución es de Vocalía Unipersonal N°1, firmada por la Jueza Arrieta Maria Silvina.

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