ROSEL DE GIANSERRA NORA c/ MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
La actora reclamó indemnización por daños y perjuicios derivados del supuesto incumplimiento de la sentencia n.º 345/02 y del tardío y distinto cumplimiento por parte de la Municipalidad. La Corte rechazó el recurso de casación y confirmó que el Decreto n.º 257-HCD/04 adquirió firmeza y presunción de legitimidad, lo que impide el reclamo resarcitorio por esos hechos.
¿Quién es el actor?
Nora Rosel de Gianserra, cónyuge y viuda de Marino Alejandro Gianserra.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por daños y perjuicios por el irregular, tardío y perjudicial cumplimiento de la sentencia firme n.º 345/02 (reincorporación y pago), y por la designación en cargo distinto; se invocan daños económicos, previsionales y morales. Monto mencionado en otra causa: $190.000 (convenio por indemnización por despido).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de casación; se confirmó la desestimación de la demanda por falta de legitimación para obrar de la actora en razón de la firmeza del Decreto n.º 257-HCD/04 (14-10-04), y se impusieron las costas a la actora. Reserva de regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Siendo así, ningún reproche cabe al razonamiento del sentenciante cuando considera que 'la actora no puede soslayar que esa conducta imputada ilegítima se materializa en el referido decreto, de cuyo contenido y alcance debió hacerse cargo en esta causa'."
"Tal apreciación no significa, como erradamente sostiene la recurrente en su primer agravio, que el tribunal haya prescindido de un texto legal vigente sin dar razón suficiente para ello, puesto que la demanda por ella entablada sólo persigue el cobro de daños y perjuicios y, por ende, encuadra en la dispensa de la exigencia del agotamiento de la instancia administrativa contemplada en el art. 13, inc. b del CPA. Ello así por cuanto las consideraciones efectuadas con relación a la ausencia de impugnación administrativa del decreto n° 257-HCD-04 no se refirieron a la habilitación de la instancia judicial o a la necesidad de agotar la vía administrativa como requisito previo para el acceso a la revisión judicial de la actividad de la administración que se alega ilegítima, sino que estuvieron dirigidas a explicitar los motivos por los cuales la firmeza del acto impide, como consecuencia de la presunción de legitimidad consagrada en el art. 147 de la Ordenanza n° 731/82, cualquier reclamo resarcitorio derivado de una alegada transgresión al ordenamiento jurídico."
"Encontrándose firme el decreto n° 257-HCD-04, 'al no haber sido revocado en sede administrativa ni demandada judicialmente su anulación, goza aún de presunción de legitimidad, es decir de haber sido dictado de conformidad al ordenamiento jurídico (artículo 47 de la Ley 4.537, modificada por Ley 6.311). Se trata de una presunción legal iuris tantum que acompaña al acto, mientras no es desvirtuada por prueba en contrario, lo que no ha acontecido en la especie, por las razones expresadas precedentemente'."
(Voto de la Sra. vocal Dra. Claudia Beatriz Sbdar; los Dres. Antonio D. Estofán y René M. Goane adhieren).
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