TORREZ JURADO, HERLIN c/ DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO
Torrez Jurado impugnó disposiciones de la Dirección Nacional de Migraciones que cancelaron su residencia y ordenaron su expulsión. La Cámara Federal de Salta rechazó la apelación de Migraciones y confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que la pena concreta impuesta (un año y cuatro meses) no alcanza el mínimo de cinco años previsto en el art. 62 inc. b) de la ley 25.871.
¿Quién es el actor?
Herlin Torrez Jurado.
¿A quién se demanda?
Dirección Nacional de Migraciones.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de actos administrativos (Disposición SDX n° 081621 del 15/9/20 y SDX n° 047165 del 11/4/22) que cancelaron la residencia permanente del actor y disponen su expulsión con prohibición de reingreso por diez años.
¿Qué se resolvió?
La Cámara Federal de Salta rechazó el recurso de apelación deducido por la Dirección Nacional de Migraciones y confirmó la sentencia de primera instancia del 20/5/26 que declaró la nulidad de las disposiciones administrativas impugnadas; con costas a la vencida (art. 68, primer párrafo CPCCN).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Siendo ello así, se concluyó en el fallo que las circunstancias del caso no permitían validar los fundamentos que dieron sustento al acto administrativo impugnado, puesto que la condena penal impuesta al extranjero por la Sala I del Tribunal de Juicio del Poder Judicial de la provincia de Salta en fecha 2/9/19 por el delito de tentativa de rapto agravado fue de un año y cuatro meses de ejecución condicional, por lo que no alcanzaba el mínimo de cinco años exigidos por la norma."
"Que sentado ello, y tal como ya lo sostuvo esta Sala, el caso debe juzgarse conforme el texto original de la ley 25.871; en concreto, con el inc. 'b' de su art. 62 sin valorar la reforma introducida por el decreto 70/17 por ser la norma que se encontraba vigente al momento del hecho (cfr. 'Escalera Ortiz, Abdiel G. c/ Dirección Nacional de Migraciones s/ impugnación de acto administrativo', sent. del 28/11/23, con cita de Fallos: 310:819; 324:3948; 3325:2275; 331:1869, entre otros), advirtiéndose por lo demás que en este caso, aun si se siguiera el criterio sostenido por la recurrente ... la norma seguiría siendo el inc. 'b' del art. 62 de la ley 25.871 sin la reforma introducida por el decreto 70/17, pues al tiempo de dictarse la disposición final del organismo SDX n° 047165 de fecha 11/4/22, el DNU 138/21 ya había derogado a su predecesor N° 70/17."
"Que, por último, corresponde señalar que las atribuciones discrecionales que se le reconocen a la Dirección Nacional de Migraciones no pueden contrariar el texto de la ley, ni los principios que hacen a la política migratoria argentina, dentro de los cuales, el derecho al debido proceso y el respeto a la legalidad del acto resultan de indudable control jurisdiccional (Fallos: 344:101), razón por la cual considero que la cancelación de la residencia otorgada al actor y su expulsión del país carece de sustento legal por lo que el acto de la administración se torna ilegítimo (art. 7 de la ley 19.359) y, en consecuencia, el fallo apelado debe ser confirmado."
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo voto en disidencia; los Dres. French y Rabbi-Baldi Cabanillas adhirieron al voto del Dr. Solá.
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Leyes que cita
- Ley 25.871Migraciones
- Ley 19.359Sanciones
- Ley 17.454Codigo procesal civil y comercial de la nacion
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