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Cámara de Apelaciones

NEBBIA, ALICIA CRISTINA c/ ANSES s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO

La actora impugnó el rechazo de su pedido de pensión por fallecimiento contra ANSES por falta de prueba de convivencia. La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó la apelación y confirmó la sentencia de primera instancia por insuficiencia probatoria, imponiendo las costas en el orden causado conforme al art. 36 de la Ley 27.423.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PREVISIONAL
Fuero
FEDERAL DE MAR DEL PLATA
Jurisdicción
Federal · Buenos Aires
Expediente
FMP 010844/2023/CA001
Pension por fallecimiento Convivencia Prueba testimonial Carga de la prueba Ley 24.241 Art. 523 ccycn Decreto 1290/94 Ley 27.423 Costas en el orden causado Anses

¿Quién es el actor?

Alicia Cristina Nebbia.

¿A quién se demanda?

ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pensión por fallecimiento (impugnación de acto administrativo) por presunta unión convivencial con el causante Edelmiro Ricardo Monserrate y acreditación de convivencia en el bienio inmediatamente anterior al deceso (04/01/2020 - 04/01/2022).

¿Qué se resolvió?

Rechazar el recurso de apelación promovido por la actora contra la sentencia del 28/05/2026, confirmándola en todo y cuanto fue materia de apelación y agravios; e imponer las costas en el orden causado (art. 36 Ley 27.423).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En este sentido, cabe recordar que el artículo 53 de la Ley 24.241, luego de reconocer como beneficiarios de la pensión por fallecimiento al conviviente y a la conviviente (incisos c y d), establece, en lo que aquí interesa, que: “En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá que el o la causante se hallase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de la convivencia se reducirá a dos años cuando exista descendencia reconocida por ambos convivientes”."

"En consecuencia, sostiene que resultaría aplicable al caso lo dispuesto por el artículo 523, inciso g), del Código Civil y Comercial de la Nación que prescribe que la interrupción de la convivencia no implica su cese si obedece a motivos laborales u otros similares, siempre que permanezca la voluntad de vida en común. Esta previsión resulta particularmente relevante para el análisis del caso, pues impide equiparar, sin más, la interrupción material de la convivencia con la ruptura del vínculo. Sin embargo, tampoco permite tener por subsistente la unión convivencial por el solo hecho de invocar una causa laboral como explicación de la separación. Quien pretende beneficiarse de la excepción prevista por la norma debe acreditar, además de la causa que habría determinado la interrupción de la convivencia, aquellos elementos que permitan tener por subsistente la voluntad de mantener una vida en común durante el período relevante."

"En este aspecto, resulta pertinente recordar que el Decreto 1290/94, al reglamentar el artículo 53 de la Ley 24.241, dispone: “1) La convivencia pública en aparente matrimonio durante los lapsos exigidos en el artículo que se reglamenta, podrá probarse por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente. 2) La prueba testimonial deberá ser corroborada por otras de carácter documental, salvo que las excepcionales condiciones socioculturales y ambientales de los interesados justificaran apartarse de la limitación precedente. (…)”. Asimismo, resta recordar que la regla general en materia probatoria, indica que la carga de la prueba incumbe al que afirma, no al que niega [“Onus Provandi Incumbit ei qui dicit, non ei qui negat”]."

Resultado sobre costas y norma aplicada: se impusieron las costas en el orden causado por aplicación del art. 36 de la Ley 27.423, conforme al criterio de la CSJN que declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 (Autos "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS", sentencia 22/06/2023).

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Eduardo P. Jiménez fundamentó la decisión y propuso el rechazo; el Dr. Alejandro O. Tazza adhirió íntegramente. El Dr. Santiago J. Martín estuvo excusado. No hubo disidencia.

Leyes que cita

  • Ley 27.423Honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la justicia
  • Ley 26.994Codigo civil y comercial de la nacion
  • Ley 24.241Sistema integrado de jubilaciones y pensiones

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