RODRIGUEZ, WALTER FABIAN c/ SENADIS s/AMPARO por MORA de la ADMINISTRACION
Amparo por mora contra SENADIS solicitó que la administración resuelva un expediente administrativo pendiente. El Juzgado Federal hizo lugar al amparo, ordenó a la demandada expedirse en 15 días y condenó en costas, regulando honorarios en $729.540 (7 UMA más IVA si corresponde).
¿Quién es el actor?
RODRIGUEZ, WALTER FABIAN.
¿A quién se demanda?
SENADIS (Servicio Nacional de Rehabilitación u organismo administrativo demandado).
- Objeto de la demanda: Acción de amparo por mora de la Administración para que la demandada se expida sobre una solicitud/expediente administrativo que permanece sin resolución (más de 2 años sin resolución).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la acción de amparo por mora y se ordenó a la demandada que se expida respecto de la solicitud de la parte actora en el plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del art. 29 de la ley 19.549; se impusieron las costas a la demandada vencida y se reguló el honorario del abogado de la actora en $729.540 (7 UMA), con IVA del 21% si corresponde; la demandada fue emplazada a abonar dichos honorarios dentro de los diez días de quedar firme la resolución.
- Fundamentos principales de la decisión (transcripción de párrafos relevantes):
- “Que el amparo por mora constituye una especial forma procesal tendiente a que el administrado obtenga una orden judicial dirigida a remediar la mora injustificada del administrador en la resolución de un expediente o trámite administrativo en el que el amparista sea parte. Las facultades del órgano jurisdiccional solo pueden limitarse a impeler a la administración al dictado de una resolución, ya que es la única legitimada a emitir tal acto dentro del expediente administrativo en trámite.”
- “Que asimismo, cabe señalar que frente al derecho garantizado por el art. 14 de la Constitución Nacional de peticionar a las autoridades, se encuentra la obligación de la administración pública de dictar una decisión fundada.… el derecho a peticionar ‘no se agota en el mero acto de su ejercicio por parte del interesado, sino que exige una respuesta de la administración. Por ende, frente a aquel derecho, se sitúa la obligación de responder, lo que no significa que la Administración deba pronunciarse en uno u otro sentido, sino tan sólo que debe expedirse de manera fundada’ (CNCiv. Sala H, in re ‘Iwai de Nakatsuno Chieko c/ GCBA s/ Amparo’).”
- “Ello así, de las actuaciones glosadas en autos surge que desde la fecha de iniciación del reclamo mencionado en la demanda ha transcurrido más de 2 años, lo que excede en mucho el plazo fijado por la ley 19.549, art. 1 bis, inc. g (viii), sin que la accionada haya dictado resolución, y sin que los motivos alegados en el informe presentado sirvan de justificación suficiente. Lo expuesto, permite concluir qué en el presente caso, se verifica el presupuesto de procedencia de la pretensión –mora de la administración–.”
- Sobre honorarios: “si por lo elevado de la base regulatoria, la fijación de los honorarios atendiendo exclusivamente a porcentajes previstos en el arancel, arroja valores exorbitantes y desproporcionados con la entidad de la labor a remunerar, corresponde practicar las regulaciones conforme a la importancia, mérito, novedad, complejidad, eficacia y demás pautas legales establecidas para ponderar las tareas cumplidas, sin sujeción a los mínimos establecidos en la ley arancelaria, de manera de arribar a una solución justa y mesurada… (CSJN, ‘Central Puerto SA C/ ENA-AFIP-DGI y otros s/ DGI Tribunal fiscal’, 17.05.2016, Fallos 339:643).”
- Votos en disidencia: No se registran votos en disidencia en el texto; la parte resolutiva es del juez de primera instancia que firma la sentencia.
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