BARRIOS ALEJANDRO OMAR GABRIEL C/ PEREZ EMILIANO Y OTRO/A S/ DESPIDO

¿Qué se resolvió en el fallo?

Demandante: Alejandro Omar Gabriel Barrios Demandados: Emiliano Pérez y Valeria Tormey Objeto de la demanda: El actor promovió demanda por despido indirecto, diferencias salariales, indemnización por despido, sustitutiva de preaviso omitido, SAC, horas extraordinarias, vacaciones, feriados laborados, indemnización por daño moral, agravamientos especiales conforme leyes 25.323, 25.345 y 24.013, indemnización art. 80 LCT y otros rubros emergentes de relación laboral no registrada. El actor trabajó desde el 01-10-2015 como oficial maestro en la panadería "CAIRO" bajo CCT 231/94, percibiendo remuneración mensual de $14.552,70 (posteriormente $16.150). La relación laboral se desarrolló en total clandestinidad registral. El 04-03-2016 remitió telegrama colectivo intimando registración y pago de acreencias bajo apercibimiento de considerarse despedido. Ante el silencio del empleador, el 14-03-2016 notificó el despido indirecto con justa causa, intimando pago conforme arts. 2 ley 25.323 y 80, 132 bis LCT. Decisión del Tribunal: El Tribunal hizo lugar parcialmente a la demanda condenando a Emiliano Pérez al pago de:
- Capital nominal: $172.681
- Monto actualizado conforme art. 276 LCT (texto según art. 54 ley 27.802): $33.863.748 (capital más intereses) Rubros admitidos:
- Diferencias salariales período noviembre 2015/marzo 2016: $5.244,50
- Indemnización art. 156 LCT c/SAC proporcional: $5.599
- Indemnización por despido (preaviso omitido, integración mes de despido, indemnización por antigüedad) más SAC proporcional: $43.740
- Indemnización art. 2 ley 25.323: $21.870
- Indemnización art. 80 LCT (triple del mejor salario): $52.488
- Indemnización art. 15 LNE: $43.740 Rubros rechazados:
- Horas extraordinarias (no acreditada su realización)
- Indemnización art. 8 LNE (incumplida carga art. 11 inc. b ley 24.013)
- Multa art. 275 LCT (no demostrados extremos de excepción) Rechazo íntegro de demanda contra Valeria Tormey (no probada su condición de empleadora o coempleadora) Obligación de hacer: Intimar a empleador a otorgar certificado de trabajo art. 80 LCT en plazo de diez días bajo apercibimiento de sanción conminatoria de $5.000 diarios. Fundamentos principales: El voto del Dr. Mereb valorizó la prueba conforme a sana crítica. Reconoció hechos como demostrados: ingreso laboral al 01-10-2015, desempeño como oficial maestro CCT 231/94, contrato por tiempo indeterminado, jornada completa, desarrollo en clandestinidad registral, remisión de telegrama colectivo intimando registración el 04-03-16, notificación de despido indirecto el 14-03-16. Estados de rebeldía de los demandados permitieron presunciones legales favorables al actor conforme arts. 33, 41 y 57 ley 15.057. Respecto a horas extraordinarias: "No acreditada la realización de tareas en horario extraordinario, la demanda dirigida a su cobro carece de causa, mereciendo su rechazo (art. 726 CCCN)." Sobre indemnización art. 15 LNE (relación clandestina): "Probado en autos que el actor trabajó a órdenes de PEREZ en total clandestinidad registral, que estando vigente la relación laboral el principal fue debidamente intimado a la registración, tras lo cual BARRIOS se consideró con justa razón en situación de despido, ni habiendo acreditado el empleador que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido, la acción en este sentido es de recibo". Cuestión constitucional relevante
- Inconstitucionalidad del art. 55 ley 27.802: El voto del Dr. Escobar (seguido por Dra. Slavin) declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27.802 por violación al principio de igualdad ante la ley (art. 16 CN) y protección de créditos laborales (art. 14 bis CN). Fundamentó que la ley 27.802 introduce dos mecanismos de actualización: art. 54 (vigente para casos nuevos) basado en IPC + 3% anual, y art. 55 (para juicios en trámite) basado en tasa pasiva BCRA con techo y piso. Esto genera tratamiento diferenciado de créditos laborales sustancialmente equivalentes según situación procesal al momento de entrada en vigencia. Manifestó el Dr. Escobar: "La diferenciación introducida por el artículo 55, con el único fundamento en la circunstancia de que el crédito laboral se encuentre en trámite judicial al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley, aparece susceptible de afectar principios constitucionales tales como el de igualdad ante la ley Art. 16 CN (en la medida en que establece un tratamiento distinto para situaciones sustancialmente análogas en materia de recomposición del crédito)". Citó jurisprudencia CSJN sobre actualización salarial: "la actualización de los créditos salariales responde a un imperativo de justicia orientado a neutralizar los efectos perjudiciales que la demora en su percepción ocasiona a los trabajadores, atendiendo al carácter alimentario de tales prestaciones". La Dra. Slavin agregó crítica adicional sobre confusión legislativa entre actualización (mantenimiento de valor real) e intereses moratorios (sanción por incumplimiento), concluyendo que aplicar tasa pasiva "pulveriza el crédito, transformándose en incompatible con el art. 14 bis, 75 inc.19 y 22 de la Constitución Nacional y los principios protectorio, de reparación integral, irrenunciabilidad, progresividad, aplicación de la norma más favorable, de no regresión normativa, de solidaridad, de universalidad y justicia social". En consecuencia, el Tribunal aplicó art. 276 LCT (texto según art. 54 ley 27.802) resultando condenación de $33.863.748 en lugar de $22.745.696 que hubiera resultado con art. 55.