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ARIAS BLANCA ANEIDA C/ IOLLI JUAN CARLOS Y OTROS S/ DESPIDO

La actora promovió demanda por despido, pero incurrió en caducidad de instancia al no activar el procedimiento dentro del plazo establecido. El Tribunal de Trabajo declaró la caducidad de instancia e impuso las costas a la demandante.

Caducidad de instancia Despido Derecho laboral Perencion de instancia Ley 15.057 Costas procesales Regulacion de honorarios Incumplimiento de plazos Actividad procesal Tribunal del trabajo

Quién demanda: Arias Blanca Aneida

¿A quién se demanda?

Iolli Juan Carlos y otros

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Despido

¿Qué se resolvió?

El Tribunal declaró la caducidad de instancia, rechazando de facto la demanda por incumplimiento de los plazos procesales establecidos en la Ley de Procedimiento Laboral. Se impusieron las costas a la actora y se regularon los honorarios profesionales: $350.000 para el abogado de la actora (Leandro Esteban Viggiani) y $500.000 para el abogado de la demandada (Juan Martín del Río). Fundamentos principales de la decisión: "Si bien es cierto que en los juicios laborales, dadas sus características especiales, la caducidad de instancia debe ser aplicada con criterio restrictivo, en virtud de las facultades que la propia ley confiere al Tribunal para instar la actividad procesal de las partes, cumpliendo con el deber impuesto por el artículo 11 de la ley 15.057, la perención de instancia sólo procedería cuando el órgano jurisdiccional se encuentra impedido de ejercer ese impulso, previa intimación a las partes a fin de activar el procedimiento, circunstancia esta última que aquí se ha dado." "De lo expuesto se desprende que la conducta de la parte actora con posterioridad a lo resuelto el 10/06/2026, obstaculiza la normal tramitación del juicio dejando transcurrir el plazo fijado por el art. 11 de la ley 15.057." El Tribunal destacó que aunque la caducidad de instancia en materia laboral debe aplicarse restrictivamente, en este caso se verificaron los requisitos legales: el órgano judicial realizó la intimación correspondiente a las partes para activar el procedimiento, y la actora incumplió con la obligación de impulsar el proceso dentro del plazo legal, lo que justificó la declaración de caducidad.

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