OGERTSCHNIGG CRISTIAN ADRIAN C/ SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)

Quién demanda: Cristian Adrián Ogertschnigg, propietario del vehículo asegurado.

¿A quién se demanda?

San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios por incumplimiento contractual derivados del rechazo de cobertura de un siniestro ocurrido el 28 de marzo de 2022. El actor reclama: (a) valor de reparación del vehículo ($5.294.726); (b) privación de uso ($7 meses); (c) daño moral; (d) daño punitivo. Monto total demandado: $7.294.726 más intereses.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a la aseguradora al pago de $5.294.726 correspondiente a la reparación del vehículo, rechazando los rubros de privación de uso, daño moral y daño punitivo. Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal destacó que se trata de una relación de consumo protegida por la Ley 24.240 y el bloque constitucional de derechos (art. 42 CN). Bajo el "diálogo de fuentes", la Ley de Seguros debe interpretarse en consonancia con la normativa consumeril. La cuestión central fue determinar si la aseguradora podía válidamente oponer la suspensión automática de cobertura sin haber informado previamente al asegurado el fracaso del débito automático. El fallo sostuvo: "La suspensión de la cobertura constituye una de las circunstancias más relevantes del contrato de seguro, en tanto afecta directamente su objeto. De allí que la omisión de informarla no pueda ser considerada una simple irregularidad, sino un incumplimiento de entidad suficiente para privar de eficacia a las consecuencias que de ella se pretenden derivar." El Tribunal enfatizó el incumplimiento del deber de información: "La aseguradora no ha demostrado haber cumplido con el deber de informar al actor la falta de pago de la prima, ni haberle advertido sobre la eventual suspensión de la cobertura. Esta omisión, resulta determinante en tanto priva al asegurado de la posibilidad de evitar el perjuicio que finalmente se materializó." Respecto al sistema de débito automático: "Este mecanismo, lejos de ser una simple modalidad de pago, configura una verdadera delegación de la gestión del cumplimiento en cabeza del proveedor, quien asume la responsabilidad de su correcta ejecución. Pretender que el consumidor deba verificar diariamente la efectividad de los débitos implica desnaturalizar la lógica misma del sistema y trasladar una carga que no le es propia." Se aplicó la doctrina de cargas probatorias dinámicas (art. 53 LDC): "La aseguradora, en su posición de dominio técnico, es quien interactúa directamente con las entidades administradoras de las tarjetas o cuentas bancarias; posee los registros informáticos, los códigos de rechazo y las constancias de los intentos de cobro. Al limitarse a invocar la caducidad sin demostrar la causa de la omisión del débito [...], la compañía incurre en una transgresión de su deber de colaboración y lealtad procesal." El Tribunal aplicó la regla "venire contra factum proprium non valet": los canales digitales de la aseguradora exhibían la póliza como "ACTIVA", y la propia compañía, tras la denuncia del siniestro, lo aceptó y lo derivó a taller, generando una legítima apariencia de cobertura. Respecto de la cuantificación, aunque no se acreditó pericialmente, el Tribunal consideró válidos los presupuestos acompañados por el actor, especialmente ante la falta de prueba técnica de la aseguradora y aplicando la presunción favorable al consumidor en caso de duda. Se rechazó la invocación del límite de suma asegurada ($1.193.000) por considerar que "los límites del seguro contemplados en el art. 61 de la Ley 17.418 solo tienen virtualidad a la hora de definir y cuantificar la prestación asegurativa primigenia [...] pero resultan ineficaces si se trata de discutir la procedencia y cuantía de los rubros resarcitorios fundados en los perjuicios producidos por la mora en el pago." La privación de uso fue rechazada por falta de prueba concreta de los perjuicios patrimoniales. El daño moral fue rechazado por no advertirse elementos probatorios que acrediten una afección espiritual de entidad suficiente que trascienda las molestias propias de una controversia contractual. El daño punitivo fue rechazado por no acreditarse dolo o culpa grave, considerando que la aseguradora sustentó su postura en una interpretación jurídica posible y comunicó formalmente su rechazo dentro del plazo legal. Respecto del planteo de inconstitucionalidad de la Ley 23.928 sobre prohibición de indexación, el Tribunal rechazó la pretensión por considerar que la cuantificación ya incorporaba valores actualizados al presupuesto de marzo de 2024, y que el esquema de intereses (6% anual puro desde mora hasta presupuesto, y tasa bancaria pasiva digital desde allí) resultaba suficiente para preservar el valor del crédito sin superar el 20% de diferencia.