PAVON SEBASTIAN ALBERTO C/ FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

Quién demanda: Pavón Sebastián Alberto, empleado público de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

El reconocimiento del derecho a que se liquide la bonificación por antigüedad aplicando un 3% respecto de la totalidad de los años de servicios prestados, con declaración de inconstitucionalidad de las normas que redujeron o eliminaron este porcentaje, más el reconocimiento retroactivo de sumas no prescriptas, intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal hizo lugar a la demanda, reconociendo el derecho del actor a que se liquide y pague la bonificación por antigüedad en un 3%, declarando inconstitucionales las leyes 11.739, 11.905 y sus similares, así como el decreto 240/96. Ordenó el pago con valores actuales al momento de la liquidación, más intereses a tasa del 6% anual desde el devengamiento hasta la fecha de actualización, y posteriormente a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fundamentos principales: "El Estado puede reducir los salarios de sus agentes, salvo que la Constitución Nacional expresamente garantice su intangibilidad, pero para que ello encuentre sustento en nuestra Ley Suprema, debe cumplir ciertos requisitos: que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución." El Tribunal concluyó que las medidas cuestionadas carecían de al menos dos de estas condiciones: no hubo situación excepcional de emergencia debidamente declarada y no fueron de carácter temporario, pues al momento de la sentencia llevaban nueve años de vigencia en la disminución. "La progresividad establece un estándar básico o piso de protección, a partir del cual es posible acrecentar o extender un derecho, más no desconocerlo o disminuirlo, lo que se conoce como 'principio de no regresividad'." El Tribunal enfatizó que el artículo 39, inciso 3 de la Constitución Provincial consagra expresamente el principio de progresividad en materia laboral. Habiendo alcanzado en 1995 una bonificación del 3%, su disminución implicaba un retroceso incompatible con esta cláusula constitucional. Respecto de la prescripción, el Tribunal consideró que se trataba de un hecho continuado en el tiempo, por lo cual el plazo se renueva periódicamente desde que cada crédito resulta exigible a partir de cada período mensual liquidado en menos. Aplicó el plazo bienal del artículo 2562 inciso c del nuevo Código Civil y Comercial, rechazando la prescripción total pero reconociendo la prescripción parcial respecto de sumas devengadas con más de dos años de anterioridad a la interposición de la demanda. Señaló que el decreto 240/96 resultaba inconstitucional por violar la cláusula de igualdad al asimilar a todos los dependientes del Poder Judicial con nivel salarial 20 (sean o no jueces), exceptuándolos de las medidas, cuando únicamente quienes tenían la calidad de magistrados deberían haber gozado de tal protección en virtud de la garantía constitucional de intangibilidad de sus remuneraciones.