SARCABAL GUILLERMO ERNESTO C/ FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

Quién demanda: Guillermo Ernesto Sarcabal, ex empleado del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, actualmente jubilado de la Caja de Policías.

¿A quién se demanda?

Caja de Policías y la Provincia de Buenos Aires (actuando por la Fiscalía de Estado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento del derecho a que se le liquide y abone la bonificación por antigüedad al 3% respecto de los años 1996 a 2005 (período en el que percibió porcentajes inferiores: 0-2%), solicitando el pago retroactivo de las diferencias salariales con intereses. El actor invoca la inconstitucionalidad de la Ley 13.354 y del Decreto 240/96, argumentando violación de los principios constitucionales de propiedad, progresividad, indemnidad laboral e igualdad.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal hace lugar a la demanda y declara inconstitucionales múltiples normas que redujeron la bonificación por antigüedad. Ordena a la demandada abonar la bonificación al 3% para todos los años computados, con límite de prescripción de dos años anteriores a la interposición de la demanda (27/6/2024), a valores actualizados a la fecha de firmeza de la sentencia, más intereses. Fundamentos principales de la decisión: "El Estado puede reducir los salarios de sus agentes, salvo que la Constitución Nacional expresamente garantice su intangibilidad, pero para que ello encuentre sustento en nuestra Ley Suprema, debe cumplir ciertos requisitos: que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución" (CSJN, Fallos 323:1566, Guida y 326:1138, Müller). El tribunal sostuvo que "en autos, surge en forma clara que no existió una situación excepcional de emergencia (no hay declaración legislativa que así lo disponga y la propia demandada se encarga de señalar que las leyes involucradas no obedecen a un contexto de esa índole) y que las restricciones implementadas no tuvieron carácter temporario." Agregó que actualmente los años 1997 a 2005 "se siguen computando a los efectos de la bonificación por antigüedad con la disminución cuestionada" (conf. art. 1 de la ley 13.354). Respecto del año 1996, que no se computa en absoluto, el tribunal declaró que "se trata de la supresión absoluta e indefinida de un derecho adquirido, confiscación que, por esa razón, se encuentra vedada por el art. 17 de la CN." En relación al principio de progresividad consagrado en el art. 39, inc. 3 de la Constitución Provincial, el tribunal expresó: "La legislación sub examine ha transgredido esos límites, ya que no impone una limitación razonable y temporaria a la integridad salarial de los agentes públicos, fundada en razones de emergencia y en el interés general." Además, señaló que "la situación más ventajosa para los trabajadores, que se había logrado en el año 1990 con la sanción de la ley 10.944, sufrió un claro retroceso con las diversas modificaciones posteriores que han generado y generan en la actualidad pérdidas en la retribución que percibe el accionante." Respecto de la cuestión de que los magistrados fueron excluidos de estas restricciones, el tribunal concluyó: "Si los magistrados quedaron al margen de las modificaciones dispuestas respecto de la bonificación por antigüedad en razón de la garantía de intangibilidad, no puede sino concluirse que las modificaciones en cuestión implicaron una reducción o disminución salarial." En cuanto a la prescripción, el tribunal rechazó la teoría del hecho único y aplicó la doctrina de la ilegalidad continuada: "Cada vez que se abona el haber respectivo, la parte actora sufre los efectos de la disminución salarial operada en aquellos años, y por ende juzgo evidente que existe un hecho continuado, que origina tantos plazos de prescripción como haberes sean liquidados." Sin embargo, aplicó el nuevo criterio de la Suprema Corte de Buenos Aires, limitando el reclamo a dos años anteriores a la interposición de la demanda conforme al art. 2562 "c" del Código Civil y Comercial.