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La causa del acto administrativo debe comprender los antecedentes de hecho y de derecho que fundamentan su dictado, garantizando que el administrado conozca expresamente los motivos que lo afectan.
¿Qué se resolvió en el fallo?
Se analiza un recurso de apelación contra resoluciones administrativas que impugnaron parcialmente créditos fiscales de IVA vinculados a operaciones de exportación, debido a la consideración de que ciertos proveedores eran apócrifos. Se discuten las objeciones sobre la validez y motivación de dichas resoluciones, así como la procedencia de la impugnación basada en informes de fiscalización a terceros ajenos al contribuyente. El Tribunal examina si el organismo fiscal recurrió adecuadamente a sus facultades verificadoras para confirmar la capacidad operativa de los proveedores y la existencia efectiva de las operaciones, así como la afectación del derecho de defensa ante determinaciones apoyadas en presunciones o en hechos externos al contribuyente. El análisis jurídico se centra en la necesidad de que la causa y motivación de los actos administrativos sean claras, la imposibilidad de trasladar automáticamente observaciones a terceros para fundamentar una determinación impositiva, y el respeto al debido proceso y carga de la prueba en sede administrativa.
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