San Isidro, Silvina Elizabeth y Otros s/ Inf. Ley 24.769
Las resoluciones emitidas por la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad, manteniéndose válidas hasta que un órgano competente las declare inválidas, correspondiendo al contribuyente la carga de probar lo contrario.
¿Qué se resolvió en el fallo?
Se analiza un recurso de apelación contra varias resoluciones de la AFIP-DGI que determinaron obligaciones fiscales y multas en concepto de Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales para distintos períodos fiscales. Se examinan cuestionamientos sobre la nulidad de las resoluciones apeladas, la validez del procedimiento administrativo, la legitimidad de la notificación y la utilización de pruebas obtenidas mediante allanamientos en una causa penal conexa. Se evalúan además las presunciones legalmente establecidas para configurar la defraudación fiscal, la carga de la prueba respecto a la existencia de la conducta dolosa, y la suficiencia y pertinencia de la prueba presentada en sede administrativa y ante el Tribunal. El Tribunal analiza el cumplimiento de requisitos para acogerse a beneficios legales, la adecuación del procedimiento seguido, la motivación de las resoluciones, y la razonabilidad de la graduación de las sanciones aplicadas. En su análisis, se considera la doctrina nacional sobre la presunción de legitimidad de los actos administrativos, el alcance de las presunciones legales en el ámbito tributario y el derecho a la defensa.
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