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¿Qué se resolvió en el fallo?

Se controvirtió la legitimidad y proporcionalidad de la tasa de actuación impuesta por la ley 25.964 ante el Tribunal Fiscal de la Nación, específicamente cuestionando que el monto recaudado resulte desproporcionado al costo real del servicio prestado y que los fondos recaudados se destinen a rentas generales y no al financiamiento del Tribunal. Se examinaron planteos relacionados con la afectación al derecho de defensa, a los principios de igualdad, proporcionalidad, progresividad y capacidad contributiva. El Tribunal analizó la naturaleza jurídica de la tasa como tributo retributivo, su regulación legal, y precedentes de la Corte Suprema que establecen que la tasa judicial puede calcularse en función del valor del objeto litigioso, no siendo necesario un cálculo exacto del costo del servicio y considerando la capacidad contributiva del contribuyente. Asimismo, se evaluó la existencia de mecanismos legales para eximir del pago a personas que demuestren imposibilidad económica, como el beneficio de litigar sin gastos. Se descartaron cuestionamientos meramente dogmáticos y se subrayó la no confiscatoriedad y constitucionalidad de la tasa, incluso frente a objeciones relativas al derecho de acceso a la justicia.