CASO SAN MIGUEL SOSA Y OTRAS VS. VENEZUELA. FONDO, REPARACIONES Y COSTAS
Las funcionarias Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña reclamaron por la violación de sus derechos políticos y laborales tras la terminación arbitraria de sus contratos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Venezuela por desviación de poder y discriminación política.
- Se reclama la violación de derechos políticos y laborales de las funcionarias, quienes fueron despedidas por su participación en un referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez.
- La Corte IDH resolvió que el Estado de Venezuela es responsable por la violación de derechos políticos, libertad de pensamiento y expresión, y acceso a la justicia.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La publicación de la identidad de los firmantes en la ‘Lista Tascón’ tenía fines intimidatorios, que buscaban desincentivar la participación y la posibilidad de disidencias políticas." "La terminación del vínculo laboral constituyó una forma de desviación de poder, ya que se utilizó una cláusula contractual como velo de legalidad para encubrir la verdadera motivación." "El despido arbitrario tenía la intención encubierta de acallar y desincentivar la disidencia política." "El Estado es responsable por la violación del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 26 de la Convención Americana."
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